MONTERREY.- Las cifras oficiales de muertos en el penal de Cadereyta son de 16, dos de ellos calcinados, más 31 lesionados, en tanto se investiga a 54 internos que iniciaron los disturbios, informaron el procurador de Justicia, Bernardo González Garza y el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.
De acuerdo a los informes oficiales, 11 de los reos fallecidos eran procesados por secuestro; tres de ellos no han sido identificados y dos fallecieron calcinados.
De los 31 lesionados, cuatro presentan gravedad y se teme por su vida, mientras el resto está estable; todos fueron atendidos en el Hospital Universitario de Monterrey.
“Si quieren un responsable, ese soy yo”, dijo Fasci Zuazua al afirmar que se siguió un protocolo para ordenar la fuerza letal durante los disturbios. “Yo fui el responsable”, comentó el funcionario.
Mientras tanto, son investigados 54 reos todos integrantes de los cárteles del Noreste, del Golfo y Los Zetas, quienes iniciaron los problemas desde la noche del lunes y prosiguieron durante la madrugada del martes.
Fasci Zuazua indicó que hay déficit de custodios y sobrepoblación en los penales del estado, por lo que pidió la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Además, dijo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón está pidiendo a la Federación los recursos ya aprobados para la ampliación de las salas.
Por su parte, el procurador general del Estado, Bernardo González Garza, reveló que están investigando a 54 personas que participaron en la riña.
Se recaban evidencias y llegaremos a resultados concretos, explica el procurador quien puntualiza que los 54 investigados en principio se encuentran confinados en áreas donde no puedan dar mayores problemas ni originar de nuevo un conflicto.
Ambos funcionarios insistieron en que se agotó el diálogo con los internos y que no había otra alternativa, toda vez que se utilizaron armas no letales, pero al romperse la oportunidad de una solución en paz, se acudió a las armas letales.
Fasci Zuazua aceptó que hay déficit de custodios y sobrepoblación en los penales del estado, por lo que pidió la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Asimismo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha solicitado a la Federación los recursos ya aprobados para la ampliación de las salas.