El sacerdote jesuita Javier sostuvo que es necesaria una reunión entre los 11 sacerdotes de la Compañía de Jesús en la Diócesis de la Tarahumara y autoridades federales y estatales para acordar la implementación de las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la protección y seguridad de los párrocos.
Lo anterior, luego de que once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, solicitaron a la CIDH que requiera al Estado mexicano la implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar sus derechos, debido a que se encuentran en una situación de grave riesgo frente a amenazas y agresiones perpetradas por un grupo criminal.
El padre Javier Ávila explicó que las medidas cautelares son de diferentes niveles, estilos, o diversos tipos de protección para las personas, como puede ser seguridad personal, o escoltas.
“Cuando concede las medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario reunirnos los beneficiarios de las medidas cautelares con las autoridades correspondientes, tanto estatales como federales, para el diálogo, ponernos de acuerdo a ver cuál va a hacer el tipo de medidas cautelares que se van a solicitar. En eso estamos ahorita”, comentó.
El tipo de medidas cautelares que se provean dependerán de la región y sus condiciones geográficas, atendiendo a que son diferentes los riesgos que se viven en cada lugar y situación. Depende también de lo que se presente en el lugar donde viven las personas beneficiarias de las medidas cautelares, cuáles son las necesidades concretas para esos espacios, desde infraestructura para el resguardo, hasta escolta personal para proteger a los beneficiarios cuando se tengan que trasladar entre una comunidad y otra.
“Eso lo vamos a ver en estos días, en una reunión con la comunidad”, acotó el padre Javier Ávila.
Sobre la realidad de la Tarahumara, el activista defensor de los derechos humanos y sacerdote jesuita refirió que la situación no ha cambiado mucho, y el sentimiento tampoco.
“Claro, las cosas se van asentando: no hay persona que aguante tanta presión, tanto dolor y tanta tristeza. Lógicamente se van asentando, la situación, los miedos se van ubicando en territorios más concretos, pero no desaparece la preocupación el miedo, la inseguridad, la inestabilidad en la vida para las personas de aquella comunidad. No hay una absoluta tranquilidad, una absoluta seguridad, pero ahí va caminando. No podemos apostarle al olvido, tenemos que seguir adelante con esta exigencia de justicia”, afirmó Javier Ávila.
Sobre la respuesta ante el otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH, el padre Ávila mencionó que encuentra una diferencia positiva con la presencia del nuevo fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui, respecto a la actuación del anterior fiscal.
“Hay una diferencia que encuentro yo, porque el fiscal anterior –del Estado-, no era muy proclive a que se pidieran medidas cautelares. Yo le informé que íbamos a pedir unas medidas cautelares, y él me dijo que no, que no era necesario, que no se necesitaba pedir medidas cautelares porque esto iba funcionando bien, y porque iban a sacar adelante el problema”, compartió el sacerdote jesuita.
Añadió que cuando se solicitan medidas cautelares, la Comisión Interamericana le pide al Estado su opinión sobre éstas, y llegó al padre Ávila información de que el Estado solicitó se desestimara esta solicitud de medidas cautelares.
“Presumiblemente fue con el fiscal anterior, porque con el nuevo fiscal, el Licenciado Jauregui, le dije cuando ya estaban concedidas, ‘señor fiscal, le tengo que avisar que solicitamos medidas cautelares, y las acaban de conceder’. Fue muy diferente, y se puso a la disposición para ponernos de acuerdo para ver qué es lo que le corresponde hacer. En ese sentido noto que está abierto el estado para responder a esa concesión de medidas cautelares”, explicó.
Para finalizar, el Padre Javier Ávila subrayó que la implementación de las medidas cautelares tiene que ser por parte del estado y de la federación también, ambas instituciones tienen que responder, tanto la estatal como la federal.
La violencia contra la comunidad jesuita, le impide el normal desarrollo de sus actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona. Tras analizar el caso, la CIDH calificó la situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo, por lo que solicitó al Estado de México que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe de garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros.
También, que adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. Por último, que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua
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