La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por 64 millones 742 mil 765.85 pesos destinados para el gasto de seguridad pública del Estado de Michoacán.
De acuerdo con la primera entrega de la Cuenta Pública 2021 estas irregularidades se presentaron específicamente en cuanto a la “adquisición de armamento y municiones”, para el que el estado recibió recursos mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2021.
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“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de transferencia de recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico”, concluyó la Auditoría número 1131.
Los resultados de esta auditoría adquieren relevancia si se toma en cuenta que Michoacán de Ocampo es considerado como uno de los cinco estados más peligrosos de México. Tan solo el pasado 20 de junio el Gobierno Federal dio a conocer que, según los datos de incidencia delictiva, este estado ocupó el cuarto lugar al sumar 204 víctimas de homicidio doloso en un mes.
Como ya se mencionó, de manera específica la ASF señaló que estas irregularidades se encontraron en la revisión de dos cotizaciones para la “adquisición de armamento y municiones (854 armas cortas, 897 armas largas, 1559 cartuchos y 1,956 cargadores)”.
La entrega de este armamento fue condicionada como parte de dos convenios de colaboración para la intermediación comercial para la enajenación de armamento y municiones, celebrado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno del estado, del que no se obtuvo comprobantes al menos a marzo y abril de este año.
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“La SSP y la FGE no mostraron evidencia de que el armamento y las municiones adquiridos con la SEDENA [...] fueran entregados al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, ni distribuidos a los elementos policiales para su uso”, señala la auditoría en la que se especifica que por este caso ya se requirió una solicitud de aclaración al Gobierno estatal.
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