El gobierno de Nuevo León rechaza los presupuestos de ingresos de algunos municipios priistas y panistas, así como las convocatorias para elegir al Fiscal Anticorrupción y de Delitos Electorales, respectivamente. También hizo observaciones a los valores catastrales aprobados por el Congreso.
En un comunicado el gobierno estatal asegura, sin dar mayores informes, que en los valores catastrales hubo incrementos sin explicación en algunos sectores.
"Se hicieron observaciones a los Presupuestos de Ingresos del ejercicio fiscal 2024 de los Ayuntamientos de General Bravo, General Treviño, Juárez, Pesquería, Guadalupe, Montemorelos y Cadereyta Jiménez, toda vez que contemplaban la autorización de contratación de deuda; sin embargo, no se desprendía que se hubiere hecho un análisis de la capacidad de pago como lo ordena la Ley de Disciplina Financiera", señala.
"Por lo que hace a los valores catastrales de los municipios de Juárez, Guadalupe, Apodaca, Santiago y Montemorelos, las mismas fueron observadas por el aumento en ciertos sectores, a fin de que se explique debidamente el procedimiento que se llevó a cabo para poder determinar esos valores", agrega.
El gobierno también hace observaciones respecto a la disminución de hasta el 100 por ciento en precios comerciales e industriales de Pesquería.
Alcaldes y diputados negaron que haya alza y aseguran que solamente se autorizaron los valores catastrales de nuevos fraccionamientos.
También rachaza convocatorias
Asimismo, el gobierno de Samuel García también rechazó las convocatorias del Congreso para seleccionar a los próximos Fiscales en materias Anticorrupción y de Delitos Electorales.
El gobierno considera que los requisitos acordados no garantizan la autonomía de los aspirantes y no procuran la paridad de género.
"El gobierno del estado realizó observaciones a las convocatorias remitidas por el Congreso identificadas como el Acuerdo 510 'Convocatoria para la designación de Fiscal Especializado en Delitos Electorales' y el Acuerdo 511 'Convocatoria para la designación de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción'", informó en un comunicado.
"Por los vicios contenidos en las convocatorias, las cuales radican principalmente en no dar bases que garanticen la autonomía de los aspirantes, con las que se aseguren que no tengan relación alguna con partidos políticos o haber sido candidato en un proceso electoral, así también por no garantizar en el proceso la paridad de género para la selección de dos funciones importantes dentro de la procuración de justicia", añade.
"El objetivo de esas observaciones es que el Congreso cumpla con la fracción IX del artículo 116 de la Constitución (federal), que se garanticen los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos que tienen encomendadas dichas fiscalías especializadas y por lo tanto que lleguen los mejores perfiles".
Los actuales Fiscales Anticorrupción, Javier Garza y Garza, y Especializado en Delitos Electorales, Gilberto de Hoyos, concluyen sus gestiones el 9 de marzo próximo.
Los registros de aspirantes serían del 12 de diciembre al 3 de enero, pero debido al periodo vacacional el plazo se extendió hasta el 19 de enero.
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