La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; así como al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes municipales de Sinaloa y Choix, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, por violación a los derechos humanos de dos mil 38 personas víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), a causa de violencia generada por grupos criminales.
El organismo indicó que aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros.
Señala que quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia; en tanto que las autoridades estatales y municipales competentes para garantizar el derecho a la asistencia humanitaria o las ayudas inmediatas señaladas en la Ley General de Víctimas como alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo fueron omisas para otorgarles dichos satisfactores mínimos indispensables para una vida digna.
Refiere que por ejemplo el 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a este Organismo Nacional, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias (mil 475 personas) que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva, en tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.
Por ello, solicitó al gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva diseñar e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
