El contraalmirante Salvador G., quien fungiera como titular de la representación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado está tarde a proceso penal.
Lo anterior luego de concluir la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo el día de hoy en el marco de la causa penal 235 /23, misma que fue presidida por el juez federal Juan José Chávez Montes.
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Su proceso se deriva de los hechos que se suscitaron el pasado 27 de marzo en la estación migratoria del INM, misma en la que resultaron muertos 40 migrantes y 27 lesionados, tras registrarse un incendio, el cuál aparentemente fue provocado por un migrante de origen venezolano.
La defensa de el contraalmirante trató de desestimar la actuación del MPF en el sentido de que, de acuerdo a documentos internos del INM, Salvador G. no tenía bajo su responsabilidad directa la custodia e integridad de los migrantes alojados en la estación migratoria.
Además, que su cargo se limitaba exclusivamente a tareas de tipo administrativo.
El Ministerio Público Federal desestimó dicho argumento al señalar que el contraalmirante era el encargado de despacho del INM y que tanto las estaciones migratorias temporales como las fijas, eran su responsabilidad y estaba obligado a supervisar su funcionamiento, así como garantizar la seguridad física de los que estaban alojados y del personal que laboraba en el mismo.
Lo anterior fue sustentado con un oficio enviado en mayo del año pasado a todos los representas en los estados, mismo en el que se les insistía en relación a los protocolos de actuación acerca de la revisión corporal de los migrantes, así como lo relativo al plan de contingencia en caso de incendio.
Finalmente, el juez argumento que a lo largo de ambas disertaciones había detectado una serie de omisiones por parte del ahora vinculado.
El juez coincidió con el Ministerio Público Federal en el sentido que no era posible que el contraalmirante no estuviera enterado de las condiciones que privaban al interior de la estación migratoria.
Asimismo, señaló que el acusado dejó de vigilar una serie de responsabilidades que como funcionario tenía y es ahí donde reside la omisión.
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Tanto el MPF como la defensa solicitaron al juez ver la posibilidad de que el vinculado fuera trasladado a una prisión militar para continuar ahí con la presión preventiva, sin embargo, el juez desecho la petición argumentando que él no tenía injerencia en el fuero militar.
Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez
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