ZACATECAS. Varios alcaldes de Zacatecas han sufrido hostigamiento por parte de células del crimen organizado, admitió el secretario general de Gobierno del estado, Jehú Eduí Salas Dávila.
“Definitivamente han habido muchos intentos de acercamiento de parte de algunos grupos delictivos en el estado; tenemos conocimiento del caso de Apozol, que sigue siendo un tema complejo, sobre todo esta zona limítrofe con el estado de Jalisco, además de Nochistlán, Loreto y Río Grande, dijo.
También ejemplificó el caso de Apulco, donde la presidenta municipal no asistía a ejercer labores en la oficina, e incluso dio su Primer Informe de Labores a través de redes sociales.
Enfatizó que la vulnerabilidad de los ediles reside en la poca presencia de policías, lo que propicia que los criminales busquen tener algún contacto directo con ellos ya que se tienen algunos municipios donde no se cuenta con agentes, y otros donde se tienen menos de 10.
"Monte Escobedo sigue siendo un municipio donde no se tienen policías. Mazapil cuenta con siete policías y, en general, prácticamente la tercera parte de nuestros municipios tienen hoy una condición muy limitada en términos de capacidad de fuerza de sus policías municipales".
Señaló que Mazapil es uno de los municipios que ha solicitado el refuerzo de la seguridad ante estos acercamientos de la delincuencia.
El secretario de Gobierno llamó a privilegiar la fuerza del estado ante cualquier tipo de amenaza y de chantaje de parte de ese tipo de grupos delictivos.
Salas Dávila Informó que cada lunes se tiene una reunión con los equipos de seguridad en el estado y que algunos alcaldes ya han denunciado formalmente estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia estatal.
Además, reiteró que es necesaria una reconfiguración del modelo nacional de seguridad pública para atender, principalmente, a las policías municipales.
Comentó que los controles de evaluación de confianza siguen siendo un factor importante en el límite de policías que se han tenido.
Adelantó que el próximo miércoles se tendrá una junta de trabajo con grupos de coordinación de Durango y Nayarit, en la que se reunirán las corporaciones de seguridad pública de los tres estados, para intercambiar información y establecer mecanismos para reforzar la vigilancia.
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