Los abogados de la niña de 13 años de edad, Adriana MartínezCampuzano, víctima de feminicidio, exigieron al subprocurador dejusticia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Pablo Alvarado Silva,iniciar una investigación en contra de los funcionarios del PoderJudicial local quienes extraviaron las evidencias para poderprocesar al feminicida de la niña, el exmilitar FilibertoHernández Martínez.
Adriana Martínez es una de las 4 niñas y una adulta asesinadaspor Filiberto Hernández entre 2010 y 2014 en la municipio deTamuín, quien se encuentra aún después de tres años de habersido detenido sin sentencia en una prisión de máxima seguridad enla entidad de Durango.
El coadyuvante del caso e integrante del Grupo de Acción porlos Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), David PeñaRodríguez, informó a Cimacnoticias que el pasado 24 de agostosostuvieron una junta con el subprocurador de Ciudad Valles dondetambién se les informó que la Procuraduría General de Justicialocal no sabe dónde están el total de 32 pruebas (de los 5 casos)que tenía bajo su resguardo.
El abogado y especialista en feminicidio, explicó en entrevistaque esto podría ser un retroceso grave para poder vincular aproceso al feminicida por los casos que están en investigación,el de Adriana Campuzano y el de la niña de 15 años de edad RosaMaría Sánchez -del que en febrero de este año se logrócorroborar su identidad a partir de 7 huesos- pues si no existenpruebas no se podrá inculparlo, con lo que quedaría absuelto deestos asesinatos.
En tanto, los casos por los que también es juzgado, de ItzelRomaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 añosy Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad se mantienen enespera de sentencia.
