La zona sur de Jalisco es considerada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón como un “cinturón rojo” en materia de desapariciones forzadas y en donde se tienen detectados al menos 200 casos desde el 2008 a la fecha, con lo que Jalisco se ubica en el tercer lugar nacional en esta materia; además destaca que en sólo 13 municipios del estado no se han registrado casos de desaparecidos.
“Identificamos un cinturón rojo de desapariciones en Jalisco, en donde podemos identificar que municipios como La Huerta, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Autlán, El Grullo, San Gabriel, Zapotlán el Grande, Tamazula, presentan datos significativos que nos hacen llamar la atención de las autoridades para que en estas regiones se valore precisamente la emisión de alertas y sobre todo acciones preventivas".
Por municipios detalló que en el caso de Tamazula se tienen reportadas 16 hombres desaparecidos, en San Gabriel son 18 hombres y tres mujeres, en Tuxcacuexco 21 hombres, El Grullo 25 hombres y cuatro mujeres, en Zapotlán el Grande son 29 hombres y cuatro mujeres, en Casimiro Castillo 29 hombres una mujer, en Cihuatlán 36 hombres y cinco mujeres, en La Huerta 43 hombres y cuatro mujeres, mientras que en Autlán 49 hombres y siete mujeres.
Durante la presentación de la recomendación general sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el estado de Jalisco señaló que esta investigación se hizo por el “alarmante crecimiento en nuestro estado del fenómeno de la desaparición forzada de personas que nos ha situado en tercer lugar nacional en el índice estadístico. Se ha observado con preocupación que además de la desaparición se denuncia la presunta participación de servidores públicos.
Esta recomendación consta de 65 puntos, de los cuales nueve son de carácter general y 56 de carácter particular, así como 112 acciones específicas y seis peticiones a los tres poderes del estado, presidentes municipales, a la Fiscalía General, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Dijo que en la investigación realizada se dieron cuenta que ninguna de las policías de Jalisco cuenta con programas o protocolos preventivos en materia de desaparición de personas y sólo se realizan acciones generales de prevención del delito previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sólo aplican el protocolo Alba y la Alerta Amber.
Entre las peticiones está la urgente necesidad de nombra ya al Fiscal Especial para Personas Desaparecidas, se destinen mayores recursos para este tema y para la reparación de daños, se instalen albergues especiales, que el IJCF cuente con el personal necesario así como mejores instalaciones para identificar a los desaparecidos.
A la Fiscalía que se cuente con el personal suficiente para garantizar una procuración de justicia pronta, además que se genéren las condiciones necesarias para contar con un cementerio forense.