El Juez Municipal de Puerto Vallarta, Miguel Octavio “N” fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, al no aplicar el debido protocolo ante un delito denunciado en su jurisdicción.
La Jueza Ana Rosa Carrillo Dueñas, del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, resolvió vincular a proceso al Juez Municipal por abuso de autoridad, al llevar a cabo actos que atentan de los derechos humanos en perjuicio de la persona afectada y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
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A él se le dictaron medidas cautelares como no acercarse o molestar a la persona ofendida, no salir del país, y deberá presentarse a control judicial durante un periodo de 6 meses.
Eso después de que en noviembre de 2022, una mujer policía vial municipal que participaba en el operativo denominado “moto” en la colonia Coapinole, de Puerto Vallarta, fue agredida por una mujer y un hombre.
Dos policías viales que participaban en el operativo se percataron del incidente y auxiliaron a su compañera. Subieron a los agresores a su vehículo y le preguntaron a la parte afectada cómo quería proceder. Ella dijo que acudiría a los Servicios Médicos Municipales para obtener el parte médico de lesiones y procedería penalmente contra sus agresores, por lo que les pidió solicitar mando y conducción al Ministerio Público (MP) estatal.
Uno de los elementos pidió mando y conducción al MP, pero no informó que tenía personas detenidas, por lo que sólo le indicó cómo llenar el informe. Posteriormente, presentaron a las dos personas por una falta administrativa ante el Juez Municipal, Miguel Octavio “N”, quien fijó fianza a los agresores y los dejó libres, sin dar vista al Ministerio Público.
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Por su parte, la agente acudió a los Servicios Médicos Municipales donde evaluaron que las lesiones que le provocaron tardaban más de 15 días en sanar; pero, como sus agresores habían sido liberados, presentó la denuncia que integró la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.
Por estos hechos, el pasado 8 de junio, los policías viales municipales de Puerto Vallarta Mónica Daniela “N” y José Manuel “N” fueron vinculados a proceso, también por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
Dos semanas después, el 20 de junio lograron la suspensión condicional del proceso tras llegar a un acuerdo reparatorio avalado por un juez consistente en el pago de 10 mil 400 pesos, como reparación del daño a la agente, así como el pago de 7 mil pesos como donativo a la asociación civil Pasitos de Luz, Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos de Puerto Vallarta, por concepto de reparación del daño causado a la sociedad.
