Después de la detención de 39 personas por tomar la caseta de cobro de Acatlán, de Juárez, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) asegura que actuó conforme marcan los protocolos y en irrestricto apego a los derechos humanos y rechaza los señalamientos de los presuntos implicados sobre violaciones a sus garantías individuales. Cabe decir que personas pertenecientes a ese movimiento planean manifestaciones por la liberación de uno de los líderes de nombre Michell.
"Desde el momento de la detención, oficiales estatales privilegiaron el respeto a los derechos humanos, además de que se actuó con perspectiva de género, para lo cual policías que integran el Grupo Ateneas intervinieron en el resguardo de las mujeres detenidas y las y los menores retenidos", señala la corporación.
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Por mando y conducción del Ministerio Público Federal, los detenidos fueron remitidos a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, por obstruir las vías de comunicación y daños.
Antes de ello, se elaboraron los partes médicos para certificar su estado de salud, garantizando su integridad.
En el caso de las y los menores de edad, fueron remitidos a un albergue, de acuerdo a lo que establecen los protocolos, además de que también se verificó su estado de salud con sus respectivos partes médicos.
Fue el pasado 2 de marzo, cuando ocurrió la detención masiva en la caseta de Acatlán de Juárez de la autopista a Colima, donde manifestantes causaron daños a las instalaciones.
De acuerdo con la dependencia, los oficiales estatales privilegiaron el diálogo hasta agotarlo, y ante la constante renuencia de las personas, procedieron a los arrestos, cumpliendo con la lectura de derechos, protocolo que establece el sistema de justicia adversarial.
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La mayoría de las personas que fueron detenidas por este hecho, proceden de otros sitios de la República: 18 son del Estado de México, cinco de la Ciudad de México, uno de Puebla y uno de Colima, mientras que el resto es de Jalisco.
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