Luego que el día se ayer padres de familia de la escuela secundaria “Carlos Orozco” tomarán las instalaciones del plantel para exigir que las autoridades educativas y de la fiscalías actuarán ante el presunto abuso sexual de una menor por parte del maestro José Alberto R., personal de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado (FE) logró la detención y lo puso a disposición de un juez de control y oralidad, una vez valorados los datos de prueba se inició proceso penal contra el señalado.
Una vez que se visibilizó la agresión mediante la denuncia penal, el agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación y reunió diversos datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad de dicho sujeto en la comisión del delito de abuso sexual infantil y solicitó una orden de aprehensión en su contra.
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Jesús Alberto R. cuenta con una carpeta de investigación del mes de noviembre del 2022 donde se le señala que al interior del plantel “Carlos Orozco” ubicado en el fraccionamiento Vistas del Pedregal en Tonalá de presuntamente haber cometido abuso sexual a una de sus alumnas.
Los padres de familia de la menor y otros presuntamente agraviados tomaron el plantel escolar el día de ayer luego de que el profesor regresó a impartir clases a la escuela y advirtieron que no darían acceso al inmueble hasta que se garantizará que éste no regresaría.
En el comunicado se informa que agentes de la Policía de Investigación lo capturaron en días pasados y fue puesto ante el Juez de Control y Oralidad, quien, al valorar los datos de prueba aportados por esta representación social, decidió iniciarle proceso penal por el delito en mención.
Según los padres de familia de la escuela “Carlos Orozco” existen otras dos carpetas de investigación y 18 infantes que señalan a al docente de un presunto abuso sexual, por lo cual exigen a la fiscalía que se integren los testimonios como nuevas pruebas.
Además, Jesús Alberto R. deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por lo que dure el proceso, como medida cautelar a solicitud del agente ministerial.