Mientras la Fiscalía Anticorrupción logró que fuera vinculado a proceso el ex director de Cementerios de Tala, que vendió un espacio para una urna y se quedó con el dinero; por otro lado la Contraloría de Tlaquepaque abrió una investigación por venta de tumbas a sobreprecio o en reventa.

Respecto al primero de los casos, se informó que la denuncia fue presentada por quienes hicieron tres pagos por 19 mil 900 pesos para adquirir un espacio en el panteón número uno de Tala.

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Ellos fueron notificados por la nueva administración en el gobierno de Tala que había una propiedad a su nombre, pero cuyo registro no se había concretado por la falta de pago al propio Ayuntamiento.

Presentaron entonces tres vouchers para acreditar los tres pagos al banco y resulta que en realidad fueron depósitos a la cuenta bancaria personal de quien entonces se desempeñaba como director de la Unidad de Cementerios de Tala, Edgar Guadalupe N., quien se quedó con el dinero.

Ante ello, presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que acreditó la información y acudió ante el juez de Control con sede en Tequila, Miguel Valenzuela González, quien resolvió vincular al ex funcionario por el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público que aproveche el poder y autoridad que le fueron conferidos “para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona aun cuando no sea de orden económico”, de conformidad con lo establecido en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

También le impuso medidas cautelares consistentes en la obligación de presentarse a firmar cada mes, y la prohibición de salir del país, así como de acercarse a las víctimas, medidas que estarán vigentes durante seis meses.

En tanto esto sucede, en los nueve panteones de San Pedro Tlaquepaque, la Contraloría Municipal ha iniciado una investigación por la reventa de tumbas -las mismas ofrecidas en venta en varias ocasiones- y además algunas transacciones donde los espacios con valor entre los 3 a 5 mil pesos, fueron “comercializados” hasta en 90 mil pesos.

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Los casos que sucedieron aparentemente durante el gobierno pasado se han documentado y la contraloría municipal ya investiga las denuncias al respecto.

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