Dos mujeres que se encontraban presas en el Reclusorio Femenil del complejo penitenciario de Puente Grande, recuperaron su libertad, tras las gestiones de la dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco (DIGPRES). Con ellas, ya suman ocho mujeres liberadas con criterios humanitarios y de equidad de género, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Jalisco, desde el pasado 6 de diciembre de 2018.

Erika N. obtuvo un beneficio de libertad condicional con fundamento en la visión de género, mientras que María Juanita Rodríguez González logró su libertad por compurgamiento de pena, mediante una orden emitida por el Juez Luis Albino Reyes Robles González, del Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial en el estado.

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“Continuamos aplicando la política pública que hemos denominado Reinserción Segunda Oportunidad, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, motivo por el cual entregamos la libertad de Erika y Juanita", señaló el director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.

Asimismo el funcionario también señaló que de acuerdo a esa política pública, se ha encauzado a un área jurídica exclusiva de la DIGPRES para la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad (PPL) con la finalidad de acelerar los estudios y que éstas no tengan que estar en reclusión obtenga su libertad.

“Esta labor institucional cuenta con el acompañamiento del Poder Judicial del Estado”, agregó Pérez Juárez.

Erika se encontraba sentenciada a seis años de prisión por un delito cometido por su marido, con presencia circunstancial de ella. Ahora se dice agradecida con la institución porque le han enseñado a salir adelante: "aprendí a valorar a mi familia. Gracias a la dirección que me apoyó mucho porque en sí, aquí registré a mis hijas, las bauticé y he aprendido muchas cosas", mismas que le ayudarán a salir adelante ahora que recobró la libertad.

Por su parte Juanita, también dijo estar contenta e igualmente agradeció a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y al Poder Judicial, porque acciones como esa las hacen sentir que no son mujeres privadas de la libertad, marginadas, ni olvidadas.