El exSecretario de Salud en la pasada administración Estatal, Antonio Cruces Mada, recientemente vinculado a proceso penal por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público y usurpación de funciones, había tramitado más de cien amparos para evadir la acción de la justicia por diversos proceso penales que se siguen en su contra.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción indicaron que el ex titular de Salud ha tramitado por lo menos 130 amparos, de los cuales 110 fueron solicitados para evitar acciones de la Fiscalía Anticorrupción, el resto en contra de la Fiscalía del Estado, de la Policía del Estado, municipales y cualquier otra autoridad que pudiera arrestarlo, no solo en Jalisco, sino también en Nayarit y Aguascalientes.
Actualmente la dependencia estatal tiene tres carpetas de investigación judicializadas en contra del ex funcionario, por diversas irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco en el periodo de su gestión durante la gubernatura de Jorge Aristóteles Sandoval.
Por si no lo sabías:
El 19 de marzo del 2019, el Gobierno de Jalisco presentó la primera denuncia por fraude y peculado, por 605 millones de pesos en firma de contratos irregulares y medicamentos caducos, entre otros.
Una segunda carpeta está relacionada con la firma irregular de dos contratos por más de siete millones de pesos, para la compra de cámaras de seguridad en el Hospital Zoquipan durante los primeros meses del año 2015.
Los días 30 de octubre y 4 de noviembre de 2019 fue citado a comparecer a una audiencia de imputación, a las cuales no asistió por supuestos problemas de salud.
El 13 de noviembre fue detenido, quedó libre tras interponer una suspensión ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo.
El 5 de diciembre de 2019, el ex secretario fue vinculado a proceso y se le dictó resguardo domiciliario, con permiso de salir únicamente para cuestiones laborales, de salud o relacionadas con sus hijos.
Finalmente, el jueves 14 de febrero Cruces Mada fue vinculado a proceso penal por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público y por el de usurpación de funciones. Además, el juez de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, decretó prisión preventiva como medida cautelar.