La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco suma 113 actas de investigación y una queja oficiosa, tras su visita al Reclusorio de Sentenciados de Puente Grande, en donde la tarde del viernes se registró un ataque por parte de un grupo de internos en contra de otros, y que terminó con ocho muertos y ocho más heridos.
Personal del organismo se trasladó al centro carcelario para atender a las personas que exigían información sobre el estado de salud de sus familiares internos.
En un comunicado, la CEDHJ informó: “Esta Comisión inició 113 actas de investigación, correspondientes a cada una de las personas privadas de su libertad con las que esta defensoría se entrevistó; y queja oficiosa por las personas que fallecieron en los hechos”.
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Tras un recorrido por las instalaciones de la Comisaría de Sentenciados, se logró que los internos pudieran establecer llamadas y videollamadas con sus familias que se encontraban afuera del centro carcelario.
“La mayoría estableció comunicación con sus mamás. Este proceso culminó en su primera etapa a las tres de la mañana de este sábado”.
El organismos defensor amplió las medidas cautelares que se habían dictado al mediodía del viernes; además la CNDHJ también dictó medidas cautelares dirigidas a las autoridades penitenciarias.
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Algunas de ellas fueron: proporcionar a los familiares de las víctimas directas, auxilio psicológico y médico que requieran, además de orientación y acompañamiento jurídico; sufragar los gastos funerarios derivados del fallecimiento de los internos y para atender a los lesionados durante el tiempo que dure su recuperación, y que se tomen las medidas necesarias para garantizar a las personas internas la no repetición de hechos.
Por su parte, la CNDH solicitó al director general de Prevención y Reinserción Social: salvaguardar la vida e integridad de la población penitenciaria; evitar que las personas privadas de la libertad y sus familiares sean sujetos de represalias.
También se reiteró la solicitud para que se agilicen los trámites para concretar los beneficios de libertad anticipada, preliberaciones o sustituciones por reclusión domiciliaria a quienes tengan ese derecho, y las acciones procedentes para despresurizar los reclusorios, en la atención a la pandemia por Covid-19.