A través de la Procuraduría Social se han presentado casi 700 demandas de personas defraudadas por la Financiera AJP en inversiones inmobiliarias y todas han sido aceptadas explicó el titular de la dependencia, Juan Carlos Márquez.
“Llevamos 675 demandas presentada hasta el momento y hay un 5% de las personas que ya otorgaron la fianza correspondiente para poder materializar el embargo de bienes (de los defraudadores) y poder registrarlos ante el Registro Público de la Propiedad; la realidad es que sólo hay cinco personas que se presentaron que no han completado el expediente, pero la verdad es que el 99% de las personas que han acudido con su expediente, se les elabora su demanda y se presentó”, indicó el funcionario.
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A la fecha extraoficialmente se dice que hay 12 propiedades de los accionistas de la empresa que están aseguradas y aunque su valor de venta puede ser alto, se estima que no será suficiente para recobrar las inversiones de las personas engañadas.
Con esto se logra establecer un orden de prelación, es decir como se completó el expediente, y poder cobrar en el caso del remate de los bienes y será desde la Fiscalía de donde se va a determinar la reparación de daños “en caso de que aprehenden a alguno de los denunciados”.
Sostuvo que de esas 12 propiedades, al menos tres están hipotecadas, sin embargo no es suficiente para poder pagarle el 100% de lo perdido a todos los afectados.
Juan Carlos Márquez indicó que por ley, ellos no pueden apoyar a nadie en estas condiciones no a los afectados de otras cajas de ahorro o financieras, si es que no lo ordena el Gobernador.
“Ahorita es por acuerdo delegatorio del Gobernador que me envía y hasta este momento sólo me ha instruido por el tema de AJP, para ninguna otra”.
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En caso de que se acerque una persona afectada por las otras financieras no se les puede apoyar y se les recomienda que dé inicio busquen un abogado de forma personal, la forma de realizar los pagos y si en dado momento el gobernador le ordena dar el servicio, acatará esa indicación.