Lorena Camacho se enteró por redes sociales y medios de comunicación que una niña de 11 años había sido quemada en el albergue "Casa de Vida Camino a la Fortaleza" de Tonalá, en donde estaban internados su hijo y su sobrino, por lo que de inmediato acudió al lugar para buscarlos.

Cuando Lorena se presentó al albergue se encontró con que el establecimiento había sido desalojado por un cateo de la Fiscalía del Estado, pero ninguna autoridad le informó su hijo de 18 años y su sobrino de 15.

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“No sé nada y sí quisiera saber; hasta que llego yo y me doy cuenta que no están aquí”, apuntó.

Ambos jóvenes eran obligados a trabajar en las calles para obtener recursos, “los empezaban a sacar, así como a trabajar en la calle, no sé qué, vendiendo”.

Otra mujer que llegó al sitio, y que pidió el anonimato, confirmó que los internos eran maltratados. Además de que los amenazaban con armas de fuego.

“Vinimos a traer la comida y estaba todo amarrado, ellos dijeron que era por ansiedad, porque como son drogadictos, que para que no se muerdan las uñas y estaba golpeado. Cuando lo sacamos pues ya él nos dijo que lo golpeaban y los amedrentaban con una pistola.

El albergue fue clausurado para que la Fiscalía realizara un cateo

El albergue, en el que había adultos, niños, niñas y adolescentes con problemas de adicciones y de conducta, fue clausurado para que personal de la Fiscalía realizara un cateo.

Los familiares de los internos indicaron que para dejar a sus seres queridos tenían que hacer un pago inicial de 2 mil pesos y 500 pesos por semana, además de insumos para limpieza y alimentos cada 15 días.

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Al entrar firmaban un contrato en el que les obligaban a estar por lo menos seis meses. Sin embargo, una vez pasado ese periodo no se permitía a las familias ver a sus pacientes con el argumento de que estaban castigados.