En la entidad la justicia no "mide con la misma vara" a hombres y mujeres, ni se toma en cuenta la perspectiva de género al emitir sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial, así lo expuso el director de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, quien asegura que en el Reclusorio Femenil de Puente Grande hay al menos 160 casos de mujeres sentenciadas o que tienen procesos penales en los que jueces muestran una mayor dureza en comparación con la que se tiene hacía los hombres.
En entrevista con El Occidental, el titular del Sistema Penitenciario en Jalisco, refirió que pese a que hay apartados específicos en la Constitución que considera la perspectiva de género, en las resoluciones los jueces ignoran ese aspecto en las sentencias. Por ejemplo un secuestro en el que el autor material fue un hombre, a la mujer que era su trabajadora doméstica se le dictó igual sentencia al verse involucrada.
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"Sin tener contacto con el secuestrado, sin participar directamente o físicamente, se involucra como cómplice. Eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es cómo un juez irresponsable alejándose de la Ley de la Perspectiva de Género no valora que esa mujer primero fue sumisa al autor material que es un masculino y segundo, que su grado de participación no lastimó tanto el interés social como el hombre. Las sentencias por un secuestro al autor material le dieron 50 años, a la que barría la casa le dan 50 años, a la que hacía la comida le dan 50 años, así parejito", lamentó Pérez Juárez.
Es por ello que cuestionó la transformación del sistema para reinvindicar la dignidad y los derechos de la condicionante de ser mujer, sin que ello sea un privilegio.
Otro claro ejemplo es el de Carmen "N", ella está señalada de ser cómplice en un secuestro y aún no cuenta con sentencia porque le repusieron el proceso, mientras que el autor del delito ya está en libertad.
Añadió que durante mucho tiempo las mujeres del Reclusorio Femenil padecieron condiciones deplorables en la que tenían que usar letrinas, bañarse con agua fría, sin acceso a artículos de higiene, situación que ya no ocurre y en cambio actualmente el 90% de la población de ese centro penitenciario tiene acceso a actividades educativas, culturales, deportivas, entre otras.
Consideró el funcionario que con un millón de pesos se le podría regresar la libertad a 28 mujeres que están recluidas por falta del pago de la reparación del daño.
"El absurdo, tenerlas ahí nos cuesta 400 pesos diarios, es decir una persona se gasta 12 mil pesos al mes y no está libre por no tener 4 mil para la reparación del daño".
A través del equipo jurídico se logró obtener la primera resolución de libertad por humanidad en el país, para dos mujeres: una con VIH a la que le quedaban seis meses de vida y otra que padecía cáncer terminal. Una de ella murió al tiempo diagnosticado y la otra al año y medio, pero ambas en compañía de sus familias.
También se logró la liberación de Petra, una indígena náhuatl que no hablaba castellano y que un juez la había sentenciado en un proceso lleno de irregularidades por ese aspecto y porque no sabía leer, ni escribir.
Para José Antonio Pérez Juárez sólo es cuestión de que los juzgadores tengan una actitud positiva, ánimos de querer trabajar y que quieran hacer las cosas para que en casos como los anteriores se otorguen sentencias con perspectiva de género.
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En el Reclusorio Femenil de Puente Grande hay 495 mujeres, de las cuales al menos 160 se encuentran bajo procesos penales en los que no se toma en cuenta la perspectiva de género. Además de que más del 50% de la población femenil no cuenta con sentencia.