Al presentar el balance 2022, el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que en el presente año se abrieron 711 carpetas de investigación, de las cuales, 100 fueron presentadas ante un juez de control por hechos de corrupción.
Entre los casos más importantes fueron dos sentencias logradas en contra del exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada, una de ellas por cuatro meses de prisión y la otra por nueve años de cárcel.
Actualmente, se encuentra vinculado en otra carpeta de investigación por peculado por cobrar su salario mientras estaba fuera del país sin autorización. Temas de otras dos investigaciones en proceso.
"Pudimos acreditar hasta este nivel de vinculación, no con una plena prueba, sino con una probable responsabilidad, pudimos acreditar que estaba en el extranjero en algunas ocasiones, estaba cobrando aquí su salario, entonces eso lo consideramos como un peculado y está vinculado, por lo menos tenemos otras dos carpetas de investigación".
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Agregó que este año fueron vinculados a proceso cuatro expresidentes municipales (Huejúcar, Tototlán, Villa Corona y Acatlán de Juárez), un exmagistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; juez de control, dos secretarios de juzgado, el exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada, el exPresidente del Consejo de Administración y ocho integrantes del comité de inversiones de IPEJAL.
De la misma manera, detuvieron a 21 personas, de las cuales, seis servidores públicos se encuentran en prisión preventiva (Francisco de Jesús “N”; Felipe Tito “N”; José Eduardo “N”, ex subdirector de tecnologías del SIAPA; José Félix “N”, exservidor público del SIAPA; Susana “N”, auxiliar contable del Comude Guadalajara, así como Fidel Armando “N”, en calidad de prisión preventiva domiciliaria).
En 41 casos los jueces otorgaron la suspensión del proceso penal, a cambio de la reparación del daño.
Se han logrado acuerdos reparatorios del daño por $7’879,985 pesos, más por vía extrajudicial se han recuperado otros $5.6 millones de pesos. Estos montos han sido para las víctimas, particulares y dependencias estatales.
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