El Congreso de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, aprobó este martes una cuarta ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo y que ha dejado más de 46 mil 600 detenidos y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
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Según el presidente Nayib Bukele, se está cerca de ganar la "guerra contra las pandillas" con este régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, incluido el de la defensa.
La extensión, con la que el régimen cumplirá al menos 5 meses de vigencia, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados que forman el órgano Legislativo, dominado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), y sin mayor discusión.
Como en las ocasiones anteriores, la medida fue ampliada sin estudio o discusión parlamentaria en una comisión y pocas horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de ampliación del Consejo de Ministros.
Durante el periodo del estado de excepción o estado de sitio, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Mientras tanto, decenas de familiares de detenidos en el marco del régimen de excepción, marcharon para pedir su liberación, alegando su presunta inocencia.
En la marcha en la capital San Salvador en la que participaron organizaciones defensoras de los derechos humanos, las personas portaban pequeños carteles con la foto de su familiar detenido.
Los manifestantes, en su mayoría luciendo camisetas blancas, llegaron hasta los alrededores de la Casa Presidencial, cuyos accesos fueron bloqueados.
"El presidente (Nayib) Bukele debería ponerse la mano en la conciencia y dejar libres a los que no han cometido ningún delito como mi hijo, él no tiene ni antecedentes penales ni tiene relación con pandillas", sostuvo una de las participantes.
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De acuerdo a la Fiscalía, unas 46 mil personas, presuntos miembros de pandillas, habían sido detenidas en el marco de la guerra que el gobierno de Bukele bajo el régimen de excepción.
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