Puigdemont se entrega a la policía belga

El ex presidente de Cataluña, junto a cuatro ex consejeros, son acusados de rebelión, sedición, malversación y conexos

  · domingo 5 de noviembre de 2017

Foto Reuters

El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su gobierno se entregaron hoy a la Policía belga junto con sus abogados previa citación a instancias de la fiscalía de distrito de Bruselas.

Puigdemon y los cuatro ex consejeros, Lluis Puig de Cultura, Maritxell Serret, de Agricultura, Ganadería y Pesca; Clara Ponsatí de Educación y Antoni Comín, de Salud, permanecían en Bélgica.

El viernes pasado, la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela emitió órdenes europeas de detención, entrega e ingreso en prisión, y órdenes internacionales de búsqueda con fines de extradición contra el líder independentista catalán y sus cuatro colaboradores.

 

Pocas horas antes de este anuncio, Puigdemont afirmó, desde Bruselas, que pretende someterse a la justicia del país donde se encuentra, que considera "verdadera", en contraste con la española, a la que acusa de estar "politizada".

“No quiero huir. Quiero colaborar con la justicia, pero con la verdadera justicia”: Puigdemont

“No quiero huir. Quiero colaborar con la justicia, pero con la verdadera justicia”, dijo en una entrevista concedida a la televisión pública belga RTBF.

El día 30 pasado, la Fiscalía General del Estado español presentó dos querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos, contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y otros líderes independentistas.

El fiscal general José Manuel Maza hizo una declaración institucional en la que explicó que se les acusa por sus acciones que derivaron con la declaración unilateral de independencia el viernes 27 de octubre “con total desprecio” a la Constitución Española.

Puigdemont y los miembros de su gobierno fueron destituidos horas después de que ese día 27 el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, al aplicarse el artículo 155 constitucional que permite al Estado español intervenir una comunidad autónoma en caso de desobediencia.