Michael Cohen, el exabogado del presidente Donald Trump encarcelado por fraude y violación de la ley de financiación electoral, salió de prisión este jueves y regresó a su hogar en Nueva York, donde debe permanecer en arresto domiciliar, constató un fotógrafo de la AFP.
Cohen, de 53 años, fue encarcelado en mayo de 2019 en la prisión federal de Otisville, al noroeste de Nueva York, donde debía permanecer hasta noviembre de 2021.
Sus abogados pedían desde marzo que fuera liberado a raíz de los riesgos de contagio por el coronavirus en las cárceles.
El exabogado de Trump se une así a los 2 mil 900 presos federales que han pasado de la prisión al arresto domiciliario en las pasadas semanas en un intento de poner a salvo a las personas que correrían un alto riesgo en caso de ser infectados por el coronavirus y que tienen escasas posibilidades de volver a cometer delitos.
Cohen, de 53 años, ha pasado apenas un año en prisión de los tres a los que se le condenó por violar las leyes de financiación de campaña electoral al pagar dinero a mujeres que decían haber mantenido relaciones con Trump para comprar su silencio, además de evasión de impuestos y declaraciones falsas a un banco.
La salida del letrado de prisión se produce en un momento de confusión con respecto al proceso de selección de presos que son liberados por la pandemia, puesto que los oficiales de las cárceles han asegurado que están dando prioridad a aquellos que han cumplido con al menos la mitad de su sentencia, o a quienes les quedan 18 meses o menos y han cumplido un 25 por ciento de su sentencia, algo con lo que Cohen no cumple.
Sin embargo, por buen comportamiento su fecha de salida de la cárcel había sido adelantada a noviembre de 2021, lo que le convierte en un candidato válido.
Su puesta en libertad sucede dos meses después de que un juez de Nueva York denegara la petición de Cohen de pasar confinado en casa el resto de su encarcelamiento.
"Pasados 10 meses desde que comenzó su condena de prisión, es hora de que Cohen acepte las consecuencias de sus sentencias criminales por graves delitos que provocaron mucho daño institucional", dijo entonces el magistrado William H. Pauley III.
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