/ martes 23 de agosto de 2022

Fiscal argentino pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner

Terminan audiencias por el caso de corrupción contra la expresidenta; el gobierno y aliados acusan persecución

BUENOS AIRES. La fiscalía argentina pidió una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015).

Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.

También puedes leer: Mauricio Macri, expresidente de Argentina, enfrenta juicio por espionaje

Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.

“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”, añadió.

Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.

Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años. Esta fue la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía, realizada de forma remota.

Por la noche, el apartamento de Kirchner en Buenos Aires fue epicentro de manifestaciones antagónicas separadas por un cordón policial: mientras unos celebraban el pedido de condena con banderas argentinas y cacerolas, otros cantaban en respaldo a la vicepresidenta.

Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para hoy, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal.



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BUENOS AIRES. La fiscalía argentina pidió una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015).

Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.

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“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”, añadió.

Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.

Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años. Esta fue la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía, realizada de forma remota.

Por la noche, el apartamento de Kirchner en Buenos Aires fue epicentro de manifestaciones antagónicas separadas por un cordón policial: mientras unos celebraban el pedido de condena con banderas argentinas y cacerolas, otros cantaban en respaldo a la vicepresidenta.

Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para hoy, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal.



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