La empresa estadounidense de materiales de construcción Vulcan Materials dijo el lunes que la semana pasada, las fuerzas de seguridad mexicanas tomaron posesión ilegalmente de su terminal marítima en el sur de México, en una larga batalla legal sobre sus actividades de extracción de piedra caliza.
El incidente tuvo lugar el pasado martes por la noche en la terminal de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo luego de una lucha de cinco años con el gobierno sobre las concesiones de Vulcan, que recibieron fuertes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado.
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Vulcan, que comercializa piedra triturada, así como asfalto y hormigón premezclado, dijo en un comunicado el domingo que los trabajadores de la cementera mexicana Cemex acompañaron a las fuerzas de seguridad la semana pasada como parte de la toma de su terminal portuaria.
"Estamos conmocionados con Cemex y en las entidades del gobierno mexicano que apoyaron esta imprudente y reprobable toma armada de nuestra propiedad privada", dijo Vulcan en el comunicado.
La empresa estadounidense declinó decir por qué considera la acción de la semana pasada ilegal o quién controla actualmente la terminal. Vulcan también sostiene que la decisión del gobierno el año pasado de cerrar sus operaciones fue ilegal.
Cemex defendió el lunes sus acciones de la semana anterior, diciendo que estaban respaldadas por un tribunal local y una orden reciente de los fiscales estatales.
En un comunicado, el gigante cementero mexicano se refirió a un contrato con una unidad local de Vulcan que data de hace más de dos décadas y que, según dijo, le permite utilizar la terminal marítima.
La empresa añadió que una orden de la fiscalía le concedía acceso a esas instalaciones, y que el 14 de marzo las autoridades la hicieron cumplir. Esto, dijo Cemex, siguió a lo que la empresa describió como meses de negociaciones fallidas con Calica, la subsidiaria de Vulcan.
La Secretaría de Seguridad de México no respondió a una solicitud de comentarios.
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La empresa, con sede en Alabama, no ha podido extraer ni enviar materiales de construcción desde que el gobierno mexicano clausuró sus operaciones el pasado mes de mayo por temor a los efectos nocivos de la extracción submarina de piedra caliza en el medio ambiente y el nivel freático locales.