El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó un fallo en contra del subgerente de construcción de La Estela de Luz, Carlos Sánchez Gutiérrez, al considerar que participó en diversas acciones que propiciaron un daño al erario por más 230 millones de pesos durante la edificación del monumento.
En sesión de este miércoles, el TFJA ratificó así la sanción inicial emitida en marzo de 2019 por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual vinculó a seis trabajadores de I.I.I Servicios, empresa subsidiaria de Pemex, por cometer irregularidades que generaron un sobrecosto en la obra.
Las irregularidades, expuso la ASF en su momento, consistieron en hacer compras a sobreprecio de acero inoxidable, kilogramos pagados de más, así como servicios de transporte y montaje, también a sobrecosto, las cuales fueron ratificadas esta tarde.
El asunto fue analizado por el Pleno del TFJA debido a que Sánchez Gutiérrez se inconformó en contra de la resolución de la Auditoría, pues según sus argumentos dicha dependencia cometió irregularidades en la revisión del caso lo que la llevó a fijar responsabilidades en su contra.
Sin embargo, a propuesta del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, el Tribunal resolvió que la ASF sí valoró todas las pruebas aportadas por ambas partes para poder resolver el asunto, lo que la llevó a determinar que el subgerente de construcción de La Estela de Luz sí participó en las irregularidades.
La sanción por estas acciones consiste en que Carlos Sánchez Gutiérrez deberá resarcir, junto a los demás trabajadores de I.I.I Servicios sancionados, el daño de 230 millones de pesos que se le habría ocasionado a la Hacienda federal.
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En octubre pasado Luis Enrique Arvizu Romano, gerente de estudios de La Estela de Luz, también fue encontrado responsable por este hecho, por lo que de momento son dos los trabajadores de la filial de Pemex los que deben resarcir el daño, aunque aún quedan pendientes los asuntos correspondientes a otros cuatro trabajadores.
De ratificarse la resolución de la ASF con todos, cada uno debería pagar en promedio 383 mil pesos.
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