En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han surgido nuevos casos de desaparición forzada cometidos por fuerzas de seguridad, mientras que los casos anteriores a este periodo no han sido resueltos, indica un informe publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de EU (CRS, por sus siglas en inglés).
Según el documento “México: atención de las personas desaparecidas y no localizadas”, sólo de enero a junio de 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió nueve denuncias por desaparición forzada, mientras que defensores de derechos humanos aseguran que estos casos a menudo se subestiman.
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Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) señalan que de 1964 a 2022 se acumularon un total de 101 mil 300 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México, cifra que incluye todo tipo de desapariciones reportadas a las autoridades.
El documento del CRS señala que 32.2 por ciento de todos los casos registrados por la CNB (las forzadas y de otro tipo) ocurrió en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, por lo que el Congreso estadounidense “ha buscado abordar la situación general de los derechos humanos en México, así como el tema de las desapariciones forzadas, a través de asistencia extranjera”.
En México, según el informe, organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que las víctimas “incluso son entregadas a grupos del crimen organizado, quienes a menudo los retienen para pedir rescate, los extorsionan o los utilizan para trabajos forzados”.
Un caso que menciona el estudio es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Cocula, Guerrero, quienes fueron detenidos por integrantes de la policía municipal, que a su vez los entregaron a grupos criminales.
Si bien el informe señala que las autoridades arrestaron a más de 80 sospechosos relacionados con el crimen hasta octubre de 2021, advierte que hasta esa fecha “aún no habían obtenido ninguna condena” y el asunto “sigue sin resolverse”.
Otro evento ocurrido ya dentro del sexenio del presidente López Obrador, aunque no es mencionado por el informe, sucedió el 28 de febrero de 2019, en la que según las investigaciones de la CNDH cuatro personas fueron “detenidas de forma arbitraria, sometidas a malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecutadas”, por elementos de la Semar en un predio localizado en Tlahuapan, Puebla.
La Marina informó que presentó inmediatamente al personal naval presuntamente involucrado en los hechos ante las autoridades competentes, pero al día de hoy no se tiene conocimiento de que la investigación haya resultado en una sentencia contra los responsables.
HAY AVANCES, PERO PERSISTEN OBSTÁCULOS
El documento también refiere que hasta hace poco las autoridades mexicanas “hacían poco para abordar el tema de las desapariciones forzadas”. En 2017, el gobierno de Peña Nieto apoyó la aprobación de una ley sobre desapariciones forzadas, “pero no aseguró su implementación”.
En la administración de López Obrador, el CRS reconoce que se han tomado medidas para abordar las desapariciones forzadas. Señala que en medio de la “crisis forense” el Gobierno ha buscado ayuda internacional, recibiendo apoyo de expertos de EU, Argentina y Austria, entre otros. Además, reconoce la creación de un Mecanismo Extraordinario de Información Forense.
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Asegura que “aún existen brechas significativas” y una serie de obstáculos que han impedido abordar las desapariciones, entre ellos, fondos y personal inadecuado en comisiones y laboratorios forenses; mal manejo de cadáveres e información de casos; baja voluntad política y acceso inadecuado del análisis del ADN.
La CNB contabilizó más de mil 749 fosas clandestinas entre diciembre de 2018 y julio de 2021, e identificó mil 153 de los tres mil 25 cuerpos exhumados de estas tumbas, pero la Comisión sólo ha recibido pequeños aumentos presupuestales anuales desde el año 2020, lo que ha provocado “problemas para movilizarse para buscar a las personas desaparecidas”.
En noviembre de 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU visitó México y reconoció los esfuerzos del gobierno para abordar la crisis forense, pero criticó “la impunidad estructural” que continúa para los responsables, incluidos funcionarios.
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