La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este jueves su preocupación por los "graves" episodios de violencia ocurridos en días pasados contra personas y líderes yaqui en el norteño estado de Sonora.
"En México, los pueblos indígenas son víctimas de la violencia de diferentes actores, incluido los grupos del crimen organizado, quienes buscan tener el control de su territorio", señaló en un comunicado Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.
Señaló que los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión.
"Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas, que impide el libre ejercicio de sus derechos humanos", apuntó.
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La ONU-DH recordó que en las últimas semanas se han registrado dos desapariciones y dos asesinatos de personas y líderes de la tribu yaqui.
Desde mediados de mayo de este año, Pablo Hernández García, miembro del pueblo de Vícam de la tribu yaqui se encuentra desaparecido.
Mientras que Lorena Josefina Valenzuela Esquer, hermana del defensor de derechos humanos Yaqui Mario Luna Romero, desapareció el 17 de junio de 2021, aunque fue encontrada con vida cinco días después.
En tanto, Luis Ubando Domínguez Mendoza, líder de la tribu yaqui, fue asesinado en el centro de Ciudad Obregón el 8 de junio pasado, al igual que Tomás Rojo Valencia, quien fue secuestrado el 27 de mayo y encontrado sin vida el 21 de junio.
“La impunidad en los crímenes cometidos contra personas indígenas no sólo supone la negación práctica del derecho de acceso a la justicia, sino que agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas", condenó Fernández Maldonado.
Aseguró que llevar a cabo una investigación pronta y efectiva constituirá un "claro mensaje" de que estos "terribles actos no son tolerados".
Señaló que estas desapariciones y crímenes se dan en el contexto del impulso a un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, proceso mediante el cual el Estado mexicano busca atender los reclamos ancestrales de dicho pueblo sobre sus tierras, territorio, agua y desarrollo integral.
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Por ello, hizo un llamado a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos y coordinación para acabar con la violencia en territorio yaqui y que se garantice su derecho a la paz y a la seguridad.
Exhortó a tomar las medidas necesarias para garantizar una búsqueda pronta y efectiva de las personas de la comunidad que están desaparecidas.
Y alentó a que se atiendan todas las líneas de investigación en las desapariciones y los homicidios, incluidas la posible vinculación de los crímenes con las actividades de liderazgo que realizaban las víctimas.
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Finalmente, exigió garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para las familias de las víctimas, así como de los pueblos de la tribu yaqui.
La lucha histórica más encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua data de finales del siglo XIX, que terminó con las deportaciones de los indígenas desde Sonora (noroeste) a la península de Yucatán (sureste).
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