La incesante ola de inseguridad en el país, acompañada de un momento de violencia exacerbada, rebasó las capacidades del Estado para controlar la incidencia delictiva en México, y obligó a una de las instituciones más grandes del territorio a involucrarse en esta tarea: la Iglesia.
Esto refieren Jorge Atilano González Candia, encargado del Sector Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, y Elena Azaola Garrido, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
De forma histórica la Iglesia mexicana, que se mantuvo cómoda en un mismo centro, fue obligada a salir para hacerle ver a las autoridades que la violencia en el país se salió de sus manos, sentencia González Candia. Por esta razón el problema exige la participación de más actores además del gobierno, agrega Elena Azaola.
“La Iglesia también tiene una responsabilidad en la reconstrucción del tejido social porque también hemos sido responsables de esta fractura, hemos abandonado los territorios, nos hemos hecho cómodos en el centro y necesitamos salir, la gente nos lo está pidiendo”, insiste Jorge González.
Después del gobierno, la Iglesia es el actor con mayor posibilidad de generar un cambio, gracias a su legitimidad y a la confianza que aún recibe de la sociedad mexicana, presume la académica.
“La Iglesia ha tenido una gran capacidad de convocatoria. Las autoridades desafortunadamente están desbordadas, las fiscalías tienen una cantidad de casos que no alcanzan a investigar y mucho menos a procesar, tenemos que buscar otros mecanismos”, opina.
González Candia es director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz y Azaola Garrido elaboró, junto con un equipo de trabajo, la Agenda Nacional de Paz, documento que abarca estrategias y propuestas de la organización civil para hacer frente a la situación actual del país.
El Diálogo fue convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, realizado del 21 al 23 de septiembre en la ciudad de Puebla. Este encuentro sirvió para que integrantes de la academia, la sociedad civil y representantes de las diferentes religiones, dialogaran en diversos foros, conferencias, trabajos en equipo y paneles para aportar sus propuestas a la Agenda,misma que será presentada a las autoridades locales de cada municipio en México.
Algunos temas que se abordaron en este evento fueron la realidad del país, los niveles de violencia, dinámicas que detonaron la delincuencia, el fracaso de las instituciones de seguridad y la experiencia de diversas víctimas.
Violencia invadió otros espacios
La violencia en el país invadió un espacio que hasta hace unos años era respetado, la iglesia. El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, dio cuenta del desastre en materia de seguridad en México. Ya no había vuelta atrás, era un problema de todos, coinciden.
“La Iglesia ya venía preocupada por esta situación de violencia en el país desde el 2010, pero lo que detonó este proceso fue el asesinato de los jesuitas, fue el modo en que se llevó a cabo lo que generó una indignación, porque fue realizado en un recinto sagrado”, lamenta el director.
Ya no se trataba de una violencia estructural o arbitraria del Estado, era una que daba cuenta de la descomposición social del país, de aquella que conmociona y que obligó a la institución religiosa a tomar cartas en el asunto desde sus capacidades, subraya.
“El asesinato fue el parteaguas para iniciar este proceso de diálogo. Quizás ya estábamos preocupados como Iglesia, cada quien haciendo sus iniciativas, pero con esto se dio la oportunidad de articular esfuerzos, de recuperar las cosas positivas que se están haciendo en el país”,
Fue un llamado de atención, no solo para la Iglesia, sino para la sociedad civil. Fue una alarma para ver que la seguridad no es una tarea de las autoridades gubernamentales, es de la sociedad. No basta con quejarnos, con quedarnos con los brazos cruzados, es momento de actuar, remata Elena.
Ahora hay que asumir que todos somos responsables de esta situación, pero también tenemos mucho qué aportar. Esta estrategia dejó de ser de la Iglesia, es de la sociedad civil, incluso de los tres niveles de gobierno.
“Tenemos que ir juntos, en este proceso todos somos ciudadanos, la diferencia es que unos tienen cargo y otros no. Reconocernos nos hace estar en otra relación para apostar por la recuperación de las buenas prácticas”, expresa Jorge.
Iglesia favoreció el diálogo
La Iglesia facilitó el canal de Diálogo para varios actores que no eran escuchados. No solo abrió una brecha de colaboración con el gobierno para la comunidad jesuita, sino también para integrantes de todas las religiones, sociedad civil, académicos y víctimas. Todos ellos aportarán, desde su perspectiva, una estrategia para la reconstrucción del tejido social, explican los especialistas.
Es un fenómeno expandido en todos los sectores del país, por tanto, deben ser todos los integrantes del país quienes aporten sus ideas en el diseño de la estrategia por la paz. “La iglesia favoreció el dialogo, pero las riendas las tiene que tomar la sociedad civil”, opina Jorge Atilano.
Si bien la Iglesia realizó un trabajo intenso por la reconstrucción del tejido social desde sus competencias, no asume el liderazgo de esta convocatoria, toda vez que no es la única fuente de propuestas para este cambio, agrega Azaola Garrido.
“La coyuntura electoral es una oportunidad para poner la voz de sociedad civil para construir la paz, las propuestas no pueden ser mediáticas, tienen que ser procesos, no podemos pensar en respuestas para halagar a un público o para ganar votos, tiene que ser un proceso de reflexión, de análisis, de ubicar lo que sí ha funcionado para que desde ahí se pueda construir la paz”, opina.
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Una vez concluya este Diálogo la labor pasa a manos de las autoridades. Bajo la conciencia de que el Estado fue rebasado en el combate a la inseguridad y a la violencia, este debe poner su parte para sanar la ruptura social y la desconfianza que generó entre los mexicanos, concluyen.
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