En los últimos nueve años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha otorgado mil 129 permisos de portación de armas, la mitad a agentes extranjeros que operan en México y que ahora deberán apegarse a las recientes reformas a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), que regulará su actuación en territorio mexicano y los obligará a responder ante las autoridades de este país por cualquier uso de su armamento.
En respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval informó que durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y hasta lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, otorgó 556 permisos de portación de armas de fuego a agentes de organizaciones extranjeras que operan en México. Mientras que otros 573 permisos se entregaron a mexicanos.
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Históricamente, el grupo más numeroso de agentes extranjeros que opera en México pertenece a la Agencia Antidrogas estadounidense, conocida por sus siglas en inglés como DEA.
A través del estudio, “¿Que hace la DEA en México?”, el investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE, Carlos Pérez Ricart, señala que dicha agencia mantiene oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. La mayoría de estas oficinas, normalmente establecidas en los consulados estadounidenses, se fundaron en la década de los años setenta y continúan activas.
La Sedena, única institución que puede emitir permisos para la portación y venta de armas en México, indica que 2019, primer año de gobierno del presidente López Obrador, fue el año que se otorgaron más licencias de portación a mexicanos desde 2012: 195 permisos en comparación con los años previos, cuando se autorizaban entre 20 y máximo 50.
La dependencia refiere que las entidades donde más mexicanos han tramitado estas licencias son Ciudad de México con 275, el Estado de México con 48, Nuevo León con 98, Querétaro con 26 y Jalisco con 28.
En la respuesta a la solicitud de información pública, las direcciones generales de la Industria Militar y del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena, no desglosan los permisos a personal extranjero ni por año, ni por estado, ni por agencia, ni por país al que pertenecen.
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EL BRAZO DE LA DEA
Pérez Ricart sostiene que la DEA se compone de 10 mil elementos, de los cuales más o menos la mitad (cuatro mil 924) son agentes antinarcóticos. Pese a concentrar casi todos sus recursos en acciones policiacas dentro de Estados Unidos, mantiene unos 500 agentes distribuidos en 91 oficinas de 68 países.
Ninguna otra agencia civil estadounidense, con la posible excepción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), asigna tantos recursos humanos y económicos a tareas no domésticas.
El especialista agrega que de los agentes de la DEA que operan en México, algunos están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y mantienen contacto formal e institucional con agencias policiacas y de inteligencia en México, por lo que no deben estar armados y deben informar al gobierno mexicano sobre sus acciones, contactos y movimientos.
Pero hay otros que “son más escurridizos, su presencia es temporal —quizás algunas semanas, pero nunca más de un par de meses— y de esta no siempre tienen notificación las autoridades mexicanas”.
El investigador del CIDE enfatiza que, durante los primeros años del Gobierno del presidente López Obrador, se ha reducido aún más la colaboración entre mexicanos y estadounidenses, ya que funcionarios de Estados Unidos reconocen que la relación está inserta en un ambiente de desconfianza, misma que se agravó tras el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán en octubre de 2019.
En 2015 se aprobaron reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permitieron a agentes extranjeros de áreas como aduanas, migración y seguridad portar armas de fuego y los facultaba para realizar revisiones en zonas fronterizas. Pero el pasado 9 de diciembre, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular las actividades de agentes extranjeros en el país, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral.
Las regulaciones incluyen que ningún elemento extranjero podrá realizar detenciones, privar de la libertad o allanar propiedades. Tampoco tendrán inmunidad, aunque sí podrán portar armas.
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