El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un aberración el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que echará abajo su candado que prohibía a exfuncionarios contratarse en empresas de la iniciativa privada (IP) sino hasta después de 10 años de haber dejado su cargo público.
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Al ser cuestionado sobre el fallo del Máximo Tribunal, el presidente López Obrador dijo: “No estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar”, amagó el presidente, luego de que la SCJN acordó, de manera unánime, otorgar un amparo a un ex funcionario que se quejó por el impedimento que impuso el presidente y los congresistas de Morena en 2019, con la Ley de Austeridad Republicana.
El presidente cuestionó en su conferencia de prensa matutina de este martes el fallo de la Sala Superior de la Corte, al expresar “¿cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana?", mientras justifico que su Ley de Austeridad estableció que un funcionario, una vez que dejó su empleo no se podía ir a una empresa vinculada a su labor anterior.
En este sentido acusó que en el Banco de México, todos los que pasan por ahí terminaban en la banca privada, o salían de la banca privada al Banco de México.
Reprochó también que casi todos los subdirectores en el sector energético se iban a trabajar con empresas españolas, “porque ellos manejaban todo lo relacionado con las exploraciones sabían dónde estaba el petróleo” y que, cuando empezaron a privatizar las áreas petroleras, los contrataron. “Las empresas que los contrataron se quedaron con los campos de más potencial”, acusó.
Ejemplificó que la española Iberdrola fue una empresa monopólica particular que controla la electricidad en su país, y que le ofreció al ex presidente Felipe Calderón trabajar como consejero cuando él terminó su mandato. “Esto porque esas empresas tienen esas prácticas en España, contratan a políticos para que ellos manden”, justificó.
Ayer, los ministros de la SCJN consideraron que la ley de López Obrador y de Morena es poco clara y genera incertidumbre, pues no todos los funcionarios de alto nivel tienen acceso a información privilegiada.
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