El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal y “muerte civil a los corruptos’’ o permanente a servidores públicos y a particulares por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas.
Previamente, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron por unanimidad el documento.
La iniciativa, avalada con 110 votos a favor y cero en contra, destaca la facultad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a imponer dichas sanciones. En el artículo 212 del Código Penal Federal establece, para los responsables de faltas administrativas graves, la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
También impediría a los responsables participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
La inhabilitación temporal se dará cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y será por un plazo de uno y hasta 10 años.
La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido excede el límite antes mencionado.
Corrupción cuesta a mexicanos entre 5 y 9% del PIB
Entre las consideraciones, se explica que la corrupción les cuesta a todos los mexicanos; organismos internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, aunado a las pérdidas que sufren las empresas y las arcas públicas por el desvío de recursos.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, que presentó el dictamen, destacó que la corrupción en el Gobierno federal y local, consecuencia del alarmante clima de impunidad que permite desde las “mordidas’’, cobro de diezmo, permisos ilegales, licencias o trámites, cobros a sobreprecios, simulación de obras entre otros muchos escándalos más “sofisticados’’.
Dijo que en 12 años la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 112 mil sanciones a 93 mil 527 servidores públicos, con sanciones económicas que rondan los 14 mil millones de pesos. Pero la gran mayoría de estas sanciones no se sostiene ante tribunales y los actos de corruptos quedan impunes, al grado que este lapso de tiempo solo 28 casos han sido inhabilitados.
¡No tengo miedo cabrones! Dice senadora de Morena
Por Morena la senadora Lucía Trasviña, llamó a la oposición cómplices silenciosos, millonarios, don negocios, tapaderas que vienen a descalificar al hombre que está salvando a esta patria, sinvergüenzas, cínicos y sátrapas. No tengo miedo cabrones, finalizó desde tribuna.
Durante el último sexenio, nuestro país ha padecido una generación de gobernantes que carece por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. “Esa nefasta combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad’’.
Hoy, señala el documento, el Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su actuar frente a los retos que se han presentado. “Esos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes’’.
Los senadores coinciden en las adecuaciones al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como reformar los artículos 81, 84 Y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer sanciones administrativas inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas) y montos a particulares -personas físicas y morales- por la comisión de faltas administrativas graves.
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