El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio por terminada su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, debido a que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) ocultaron información, por lo que es imposible continuar con las indagatorias que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, continuará su gobierno.
“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y por lo tanto avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica, para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón consideramos que si las cosas no cambian damos por terminado nuestro trabajo”, indicó Carlos Beristain, doctor en sicología social de origen español e integrante del GIEI.
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Previó al informe del GIEI, el Presidente les agradeció su investigación y destacó los avances en las indagatorias del caso.
“Nosotros vamos a continuar con la investigación. Se ha avanzado mucho. Yo les comentaba a ellos que, en muy pocos lugares, yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables. Aquí están detenidos altos funcionarios públicos, que no había sucedido, tanto civiles como militares, y continúa la investigación”, dijo el jefe del Ejecutivo en su conferencia mañanera de ayer.
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Añadió que por el caso hay entre 120 y 130 personas detenidas, entre civiles y servidores públicos. “En otros países no se llega a tanto”, recalcó.
Acompañado de la abogada colombiana Ángela Buitrago, Beristain presentó el sexto y último informe del GIEI sobre el caso en el que detalló la participación de las fuerzas de seguridad de todos los niveles del Estado en la desaparición de los normalistas y la posterior investigación que llevó a la llamada Verdad histórica.
“El informe muestra los distintos niveles de participación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes”, dijo Beristain.
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Señaló que las policías municipales de Iguala y Cocula actuaron en la calle Juan N Álvarez, donde cerraron el paso a tres camiones con normalistas, mientras que elementos municipales de Tepecoacuilco junto con Los Bélicos —grupo de élite de la policía municipal de Iguala— detuvieron a otro grupo de jóvenes frente al Palacio de Justicia de la capital guerrerense.
En el Palacio de Justicia también había personal de la Policía Federal y la estatal, quienes, según el informe, detuvieron a otro grupo a unos 100 metros.
También señalaron a la Sedena de mantener comunicaciones con integrantes del crimen organizado durante la desaparición de los jóvenes y que esa noche había al menos un agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Iguala.
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“Hay un informe del Cisen, del que no había habido ninguna información de eso hasta ahora, en el que descubrimos que hubo un agente del Cisen en el escenario (de la calle) Juan N. Álvarez, es decir, uno de los escenarios donde se llevó a cabo la desaparición de los jóvenes”, acusó.
Sobre este hecho, Beristain detalló que en su informe el agente de Cisen reconoció haber hecho un recorrido por la zona, pero que fue amenazado e intimidado por policías municipales, por lo que se fue a su casa. No obstante, un testigo protegido que pudieron entrevistar identificó al agente del Cisen, incluyendo su nombre y teléfono personal, y desmintió su versión.
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Respecto a la Marina, el GIEI acusó a elementos de la dependencia de torturar reiteradamente a los detenidos en la investigación, interrogatorios que habrían ayudado a la construcción de la llamada Verdad histórica que dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Sin embargo, Carlos Beristain y Ángela Buitrago aseguraron que pese a contar con evidencia de estos hechos, ambas dependencias negaron reiteradamente facilitar la documentación existente, por lo que ante este panorama ven complicado avanzar más si no existe cooperación desde las instituciones del Estado.
“El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los jóvenes estudiantes. Hoy tenemos que decir que si bien es cierto que se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información y esa información es clave para avanzar”, añadieron.
Desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los expertos del GIEI lamentaron que aún con la voluntad política presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas instituciones se han mostrado reacias e incluso han movilizado información entre sus instalaciones para ocultar su participación.
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Esta es la segunda ocasión que el GIEI abandona México, luego de que en 2016 se vieron forzados a salir del país tras la presentación de su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que desmintieron por primera vez la Verdad histórica.
El grupo integrado por la CIDH regresó al país en 2020, una vez que asumió el poder el presidente López Obrador, quien, como dijo ayer por la tarde Beristain, les prometió libertad para ayudar a dar con el paradero de los jóvenes.
