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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza Luz María Mijangos Borja, demanda al Senado de la República reformas para extinguir el dominio de las empresas que participen en peculado, adicional a la sanción penal, y que sea procedente asegurar los bienes por el sólo hecho de que se hayan obtenido mediante la distracción de recursos públicos.
"Con independencia de quién lo haya hecho", dice en su informe anual de actividades Mijangos Borja que entregó al Senado.
Su diagnóstico: "Una de las paradojas del combate a la corrupción es que es un fenómeno que se auto refuerza ya que al producir grandes ganancias ilícitas hace que se generen los incentivos para su reproducción. Por ello, enfrentarla se vuelve más difícil y prevenirla casi imposible".
Por ello, dice, se requiere contar con una estrategia que tome en cuenta el mandato de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. "A partir de ahí, debe combatir lo que se conoce como 'gran corrupción' al tiempo que atienda casos aislados. Esto se hará investigando particularmente los delitos por hechos de corrupción cometidos por las empresas, que son en muchos casos 'el otro lado' de la corrupción".
“Para combatir estas redes de corrupción nosotros también pensamos que tendríamos que tener ciertas facilidades como las tiene el área que lleva delincuencia organizada. Estos delitos de corrupción tendrían que tener también un tratamiento similar para que se pudiera actuar con mayor rapidez", dice la fiscal Especializada en Combate a la Corrupción en entrevista con El Sol de México.
Mijangos Borja advierte que en general las grandes licitaciones y adjudicaciones directas son un espacio para la corrupción, por lo que propuso al Senado modificaciones a cinco leyes, entre las que exige mayores dientes para poder perseguir irregularidades en contrataciones públicas donde intervienen no sólo empresas, sino también el gobierno federal.
“Tenemos que tener mecanismos que nos alerten desde el principio, mecanismo que faciliten mandar un mensaje que las compras públicas no pueden ser más un espacio privilegiado para la corrupción”, enfatiza la Fiscal especializada en Combate a la corrupción durante la entrevista con este diario.
De esta manera, propone al Senado reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para incluir como “actividades vulnerables” los actos de contratación pública, a las cuales afirma deben dárseles seguimiento, ya que los servidores, en ejercicio de sus funciones, utilizan el sistema financiero y crediticio para la adquisición o incremento de su patrimonio”, destaca también en su primer informe de labores entregado al Senado de la República a un año de haber sido nombrada para este cargo.
Mijangos Borja argumenta que la corrupción también se encuentra en las pequeñas licitaciones, por lo que “hay que poner la atención bilateralmente, tanto como al que se contrata, como al servidor público”, donde intervienen empresas fachadas y otros mecanismos, por lo que señala se pueden atacar desde el ámbito de la fiscalización, de la denuncia penal y por supuesto en el combate a la corrupción vía estas contrataciones.
La funcionaria también demanda cambios al Código Penal Federal para perseguir el lavado de dinero, cuando el delito precedente sea abuso autoridad, cohecho, peculado, desaparición forzada, conclusión y enriquecimiento ilícito; sean servidores públicos locales o federales que manejen recursos públicos federales; toda persona física o jurídica que tenga relaciones contractuales de carácter público y manejo de recursos federales, mucho de lo que hoy revisa también la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto.
Señala cambios necesarios en el enfoque de la persecución de la corrupción, para que no sólo se enfoque en una materia meramente administrativa sino que también se ataque de manera penal.
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