Los líderes de los partidos opositores del PAN y PRD presentaron, cada uno y, por separado, recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como Plan B y que se discutirá en la Cámara de Senadores el próximo mes de febrero.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en compañía de su secretaria general Adriana Díaz y, del diputado federal, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los legisladores perredistas, en punto de las 10:00 de la mañana, presentaron afuera de la SCJN un primer recurso de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B del presidente.
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El dirigente nacional del PAN, más tarde recordó que la segunda parte del Plan B del presidente se encuentra como minuta en la Cámara del Senado y por eso, subrayó que será impugnada en dos momentos por su partido.
Zambrano comentó este lunes que presentó el PRD su acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte del paquete llamado Plan B, al cual calificó como “un bodrio electoral”.
Acompañado también por Ángel Ávila, representante ante el INE del PRD el líder del partido del Sol Azteca, dijo que las reformas del presidente a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son contrarias a las realizadas en 2006 cuando, incluso el mismo López Obrador se quejó entonces de la intervención del presidente Vicente Fox en asuntos electorales.
Recordó que 2006, cuando empresarios se metieron en el proceso electoral de para comprar espacios de propaganda, López Obrador se quejó de ello y ahora, quiere echar abajo las reformas que impiden estas medidas: “para hacer y deshacer”, criticó el perredista.
Subrayó que, con esto, “quiere que funcionarios públicos puedan hacer lo que les dé la gana utilizando recursos públicos para tener campañas sin equidad, transparencia y sin que se cuestione el uso de recursos públicos, con actos anticipados de campaña, y que no haya sanciones por las descalificaciones en las mañaneras”, reprochó.
Más tarde, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, acompañado de la cúpula de su partido y del diputado presidente de la Cámara baja, Santiago Creel Miranda, hicieron lo propio y a las 11:30 presentaron, de igual manera, un primer recurso de inconstitucionalidad a las reformas de López Obrador contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Destacó el dirigente panista que desde su partido van a presentar varios recursos y este que presentaron el lunes lo hacen a nombre del Acción Nacional y adelantó que, en esta semana, los congresistas de su partido, tanto de la Cámara baja, como del Senado, van a presentar otra acción de inconstitucionalidad más.
Subrayó que, de la misma forma, los alcaldes del PAN van a presentar una controversia constitucional, pues se verían afectados en materia electoral.
El diputado presidente Santiago Creel, ahí presente, informó también que va a solicitar a la SCJN que las controversias y acciones que se presenten, sean atendidas por el Máximo Tribunal de forma expedita.
Cortés concluyó que ante la nueva dirigencia de la SCJN “sí tiene una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional” y que las leyes secundarias no la violenten y que el presidente López Obrador no violente la Carta Magna.
Previo a terminar su rueda de prensa los panistas, que realizaron al pie de las escalinatas de la Corte en la Calle Pino Suárez, fueron hostigados por un grupo de jóvenes que irrumpieron para gritar consignas a favor de Morena y el presidente López Obrador.
¿En qué consiste el Plan B?
El Plan B de López Obrador, además de permitir que funcionarios públicos puedan intervenir en el proceso electoral, estipula una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) lo que implicaría la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y la remoción anticipada del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
Además, quitaría facultades al INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores. Incluso plantea modificar el calendario electoral para que le proceso electoral de 2024, inicie en noviembre de 2023, es decir de manera anticipada. Aunque le presidente ha justificado que su reforma es necesaria para ahorrar recursos al Estado, lo que especialistas en la materia consideran que por el contrario es una asfixia al Instituto.
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Se le denomina Plan B, pues el presidente López Obrador había presentado una iniciativa de reforma constitucional que perfilaban desaparecer al INE y crear un nuevo instituto subordinado al Gobierno federal, el cual fue rechazado por la oposición al no contar con los votos suficiente. De esta manera tuvo que enviar un plan alternativo que reformara leyes secundarias en materia electoral.
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