La Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, por la cual se establece que ningún funcionario puede recibir un salario mayor al del presidente de la República en turno, se eliminan las pensiones a expresidentes y se sancionan los sobresueldos hasta con 14 años de cárcel.
“Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, conforme a la fracción I del artículo 6.
De acuerdo al artículo 1 de la Ley Reglamentaria de los artículos 75 y el 127 de la Constitución Política, la normativa será aplicable a los tres poderes de federales, a los órganos desconcentrados, fideicomisos, así como a los órganos desconcentrados y autónomos.
Además de eliminar las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley, se castigarán los pagos no autorizados, bajo el delito de “pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”.
Dicho delito será sancionado desde con 500 veces el salario mínimo, hasta con 14 años de prisión y una multa de 3 mil veces el salario mínimo, según las modificaciones a los artículos 217 bis y ter DEL Código penal Federal.
El 11 de julio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que las reducciones salariales, la eliminación de los privilegios de la burocracia federal y la cancelación de las pensiones a los expresidentes, sería la primera iniciativa en aprobarse en el Congreso de la Unión.
La minuta con fecha de vencimiento permaneció en la congeladora desde el 8 de noviembre del 2011, hasta que el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, le dio declaratoria de publicidad en la primera sesión ordinaria.
Oposición acusa que todo "fue al vapor"
Esta es la primera minuta aprobada por mayoría absoluta en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, pese a que la oposición se manifestó en contra de darle salido “al vapor”.
“No votaremos a favor de una minuta que hibernó hace siete años”, declaró la diputada Dulce María Sauri Riancho, quien a nombre del Grupo Parlamentario del PRI arguyó que la minuta no contempla cambios legislativos de los últimos siete años, tales como la desindexación, la inclusión de sujetos obligados como el INAI y el INE, ni los criterios del Sistema Nacional Anticorrupción creado en el 2016.
A lo que, el diputado federal Pablo Gómez, quien promovió la iniciativa de ley desde el Senado de la República, respondió: “Se nos acusa de legislar a la carrera rápido y mal, por qué no dijeron eso hace siete años, tenemos casi siete años en omisión legislativa, ¿pueden explicarnos esto?”.
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