Con los resultados electorales del domingo, Morena y sus partidos aliados ganaron la Presidencia y consiguieron una mayoría calificada en el Congreso de la Unión -al menos en San Lázaro- con lo que podrán impulsar reformas a la Constitución y el denominado Plan C.
Dicho plan fue denominado así por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y replicado por las huestes de su partido, al considerar una tercera alternativa para aprobar un paquete de reformas en materia electoral que envió al Congreso desde hace dos años.
Fue el 28 de abril de 2022 cuando el jefe del Ejecutivo federal anunció que envió una iniciativa de reforma electoral constitucional para ahorrar 24 mil millones de pesos. Lo anterior a través de la eliminación de senadurías y diputaciones plurinominales y la reducción al financiamiento de partidos políticos.
También propuso la reconfiguración del INE y de los 32 institutos electorales locales para que funcionen como uno solo que sea autónomo y funcione como “un cuarto poder” llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); así como la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular. Ese fue el plan A.
La iniciativa se envió dos meses más tarde a la Cámara de Diputados y se discutió a finales de noviembre del mismo año. Tras aprobarse en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, el debate llegó al pleno de San Lázaro el 6 de diciembre de 2022.
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En una sesión maratónica, los partidos del bloque opositor conformado por PRI, PAN, PRD y MC, rechazaron la iniciativa de reforma constitucional. El partido oficialista se quedó a más de 50 votos de la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de la cámara necesarias para avalar cambios a la Carta Magna.
No obstante, en una sesión vespertina que se extendió hasta la madrugada del 7 de diciembre, se aprobaron una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral. Para esto sólo se necesitó la mayoría absoluta, es decir la mitad de la cámara más un voto. Las modificaciones legales se aprobaron en “fast track” en comisiones y en el pleno. Todo en la misma noche.
Esto es una capacidad numérica con la que sí cuenta Morena y sus partidos aliados del PT y el PVEM. Las reformas se aprobaron con 261 votos a favor, 216 en contra.
La mañana del mismo 7 de diciembre, en su conferencia de prensa el presidente López Obrador celebró la aprobación del plan B electoral.
Según señaló el primer mandatario, el plan B permitiría ahorros por hasta tres mil 500 millones de pesos al reducir los gastos operativos del INE. El entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López precisó que se redujeron el número de oficinas distritales de 300 a 264 por duplicidad de funciones.
Con dicho paquete de reformas se modificaron leyes como las de Instituciones y Procedimientos Electorales, Partidos Políticos, Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Comunicación Social, Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Tras su aprobación en San Lázaro, tocó el turno del Senado, en donde la bancada de Morena se fragmentó con disidencias como la del coordinador morenista, Ricardo Monreal. Sin embargo, las mismas reformas se aprobaron con modificaciones y se regresaron a la Cámara de Diputados.
Nuevamente en San Lázaro el paquete de reformas se dividió en dos dictámenes, el segundo dictamen se aprobó el 15 de diciembre y se envió a Palacio Nacional para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto ocurrió el 27 de diciembre de 2022.
Pero el primer dictamen, en donde se integró una cláusula para compartir votos entre partidos de una misma coalición, se mantuvo en discusión. El 16 de diciembre se reenvió al Senado y la cámara alta retomó su discusión hasta febrero de 2023, después del receso legislativo. Finalmente la segunda parte del plan B se aprobó el 22 de febrero y se publicó el 2 de marzo en el DOF.
Desde las fuerzas políticas de oposición y desde el INE, las reformas electorales a leyes secundarias se impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entre mayo y junio del año pasado, las reformas se declararon inconstitucionales.
En el tribunal la anulación de las reformas no llegó al tema de fondo, sino que el principal argumento para contrarrestarlas fueron las violaciones al proceso legislativo como su aprobación en “fast track”.
La declaración de inconstitucionalidad del plan B electoral acrecentó las diferencias entre Palacio Nacional y la mayoría legislativa de Morena contra el Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador al prever la anulación de sus reformas por parte de la Corte, instó a un plan C, por primera vez el 27 de marzo de 2023.
En su conferencia matutina llamó al pueblo de México a que en las elecciones federales de 2024 no otorguen “ni un sólo voto al conservadurismo”, apostando entonces por que su partido consiga la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión y así poder aprobar las reformas constitucionales en materia electoral.
El pasado 5 de febrero, en pleno aniversario de la Constitución, el primer mandatario envió al Congreso un paquete de 20 iniciativas de reforma; 18 constitucionales y dos a leyes secundarias.
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Entre las propuestas para modificar la Carta Magna se incluye una electoral, además de cambios al Poder Judicial de la Federación, al sistema de pensiones, de salarios mínimos, en materia de vivienda, de derechos animales, de Guardia Nacional, de Pueblos Indígenas, para simplificar la Administración Pública Federal, entre otras.
La actual LXV Legislatura heredó al siguiente Congreso, el cual entra en funciones el 1 de septiembre próximo, el análisis, discusión y aprobación de dicho paquete de reformas. De acuerdo con los conteos rápidos y datos del PREP, la nueva legislatura contará con la mayoría suficiente para reformar la Constitución.
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