A tres años de la desaparición de 43 normalistas de la normal, rural de Ayotzinapa, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado una investigación que convenza a los deudos y a la sociedad sobre la ubicación de los jóvenes.
Tres líneas de investigación permanecen intactas: la participación de militares, policías federales y municipales de Huitzuco, el rastreo de celulares a los jóvenes desaparecidos y el tráfico de droga de Iguala a Chicago.
Estas son las demandas que hacen padres de los normalistas al cumplirse mil 95 días de la desaparición de los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014; tiempo en que el gobierno federal ha llevado a cabo más de 800 búsquedas en ríos, cañadas, cuevas, basureros, ahondadas, sin éxito alguno.
Lo que sí está claro es que fueron integrantes de “Guerreros Unidos” los que orquestaron el levantamiento de los normalistas y por ello, la PGR, ha detenido y sometido a proceso a 130 personas relacionadas con la desaparición, pero ninguno ha sido sentenciado.
La noche del 26 de septiembre los normalistas abordaron varios autobuses para dirigirse a la ciudad de México y participar en una marcha. Un primer grupo fue emboscado en el cruce de las calles Juan N. Álvarez y Periférico de Iguala, cuando iban a bordo de tres autobuses. Otros más fueron detenidos fuera del palacio de justicia, por agentes municipales.
Esa fue la última vez que se les vio con vida, y desde ese momento, sus padres han vivido un infierno buscando por donde se puede a sus hijos, sin que hasta el momento, se tenga siquiera la certeza de dónde fueron masacrados (si es que así fue) o si aún siguen vivos en algún lugar.
A tres años, el lema de los padres sigue siendo: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y su lucha la han trasladado a la Ciudad de México, a un costado de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Paseo de la Reforma, donde instalaron casas de campañas tapizadas con las fotografías de sus hijos desaparecidos.
Felipe de la Cruz, vocero del Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa, señala que a tres años de la tragedia, “no olvidamos, no perdonamos, exigimos castigo a los culpables, tres años de angustia, de ansiedad, de rabia, de tormento sicológico pero con mucha dignidad, seguimos firmes y convencidos de que los vamos a encontrar”.
En entrevista sostiene que la verdad histórica de la PGR (que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero) es una mentira y forma parte de la insensibilidad y corrupción que caracteriza a este gobierno, “todos los mexicanos unidos lo vamos a lograr encontrar a los jóvenes, ya tenemos tres años en resistencia pero con la esperanza para encontrar la verdad y la justicia en este caso”.
LO QUE SI SE SABE DEL CASO
Integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que colaboró con los padres de los desaparecidos, los estudiantes llegaron a Iguala, Guerrero, en dos autobuses, la tarde del 26 de septiembre para trasladarse a la Ciudad de México para participar en los actos en recuerdo de la masacre de la matanza de Tlatelolco de 1968.
Fue cuando los policías de Iguala, Cocula, y posiblemente Huitzuco, los interceptan y agredieron y es ahí donde algunos mueren y otros escapan.
De manera sospechosa, la detención de normalistas, pasó inadvertida para integrantes del 27 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes no intervinieron, y según testimonios de algunos de los estudiantes que llegaron a un hospital del municipio, trataron de amedrentarlos.
Según la investigación oficial, una vez que los agentes los interceptaron, los normalistas fueron entregados a un grupo de delincuentes quienes los habrían quemado en el basurero de Cocula.
Esta hipótesis fue cuestionada luego de darse a conocer un video en el que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se ve en el basurero de Cocula manipulando evidencias, lo que a decir de los padres de los normalistas, fue “para armar” la llamada “verdad histórica” hasta hoy desmentida por expertos internacionales.
En este sentido, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) señala que el gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
“La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país”, advierte.
A tres años de los hechos, la PGR sigue analizando los datos telefónicos de los estudiantes desaparecidos y de algunos detenidos, por lo que ha pedido a las compañías telefónicas reportes de más de mil números telefónicos que están en análisis.
Asimismo, ha empleado el uso de la tecnología LIDAR para identificar a posibles fosas clandestinas que puedan contener los restos de los estudiantes desaparecidos. Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 se hicieron nuevas búsquedas en zonas alrededor de Iguala con información derivada del uso de la tecnología LIDAR.
