CNDH condena asesinato de ombudsman de BCS

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reprochó que los gobiernos federal y estatales no atiendan las recomendaciones para implementar una campaña que proteja a las personas defensoras de derechos humanos, e indicó que del 2016 a la fecha 34 defensores han sido asesinados, 14 de ellos son mujeres.

En entrevista, González Pérez condenó el artero asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y su hijo Fernando de la Toba Lucero; así como del estado grave en el que se encuentran su esposa y su hija.

A través de la cuenta en twiter de la CNDH en México, su presidente exigió a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata y a fondo que ubique a los asesinos y los ponga ante la autoridad correspondiente, para que este crimen no quede impune.

El ombudsman nacional alertó de la indiferencia de las autoridades federales y estatales, persistente en casos de agresiones a defensores; indicó que el alza en la tasa de homicidios en el país, se debe a la falta de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, por la impunidad y la corrupción.

Al participar en el relanzamiento de la campaña sobre personas defensoras de derechos humanos, el ombudsman nacional afirmó que este crimen refleja la insuficiencia e indiferencia de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, reprochó que los gobiernos federal y estatal no atendieran la Recomendación 25 para implementar una campaña de protección a las personas defensoras de derechos humanos.

“Desde el 2016 a la fecha suman 34 defensores asesinados, 14 de ellos son mujeres, y al 31 de octubre de este año, 634 personas se encuentran inscritas en el mecanismo de protección y no se descarta que esta cifra se pueda incrementar a 7002, indicó.

Recalcó que ante el clima de inseguridad que atraviesan los defensores civiles, se debe, desde las máximas autoridades de gobierno federal, y de los gobiernos locales, impulsar una campaña que reconociera el trabajo de los defensores.

“Hoy, la Federación de Ombudsperson de la República Mexicana, estamos consternados. Pedimos que en las investigaciones en este caso y en el de todos los defensores civiles, no se excluya de ninguna manera como línea de investigación las tareas que defendían, y pedimos, pedimos justicia, para los tantos defensores civiles de derechos humanos y defensores públicos. Teníamos indicios de incomodidades hacia algunos defensores públicos, pero nunca nos imaginamos que acontecería que lleguemos a estos niveles de agresión”, concluyó.