El presidente municipal de Cihuatlán con licencia que buscó la reelección, usó toda fuerza del Ayuntamiento para reelegirse, desde amenazas a funcionarios y trabajadores del municipio, hasta retener por supuestas faltas administrativas a al menos diez representantes de distintos partidos y hasta el uso de la ambulancia local -que para verdaderas emergencias no está disponible- para el acarreo de votantes.
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Es quizás en este momento el caso más grave en este momento, los candidatos de al menos cinco partidos lo han calificado como “un cochinero”.
Abogados de al menos tres fuerzas políticas llegaron este fin de semana a Cihuatlán para recabar pruebas y preparar las demandas que se presentarán ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. A ellos se ha unido el equipo jurídico de la candidata independiente, Lupita Becerra.
Quienes se han inconformado son los contendientes a la presidencia municipal de Cihuatlán por la coalición Juntos Haremos Historia, Roberto Pimienta Woo; por el PRI, Guadalupe López Torres; por el Partido Verde Ecologista de México, Roberto Padilla Ponce; por el PAN, Laura Celia Gómez Pulido, y la candidata Independiente María Guadalupe Becerra Barragán.
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Los equipos de campaña de todos ellos coinciden en que durante los dos meses de campaña el candidato del PRD -que hace tres años compitió por Movimiento Ciudadano y ganó-, Fernando Martínez Guerrero, utilizó recursos del municipio e incluso la nómina, tenía amenazados a los trabajadores con quitarles un día y hasta tres días de salario, a quien no marchara con él o acudiera a sus mítines.
El mismo día de la jornada electoral se robaron dos urnas con más de mil 600 votos -mil son la diferencia con su más cercano competidor- y además se denuncia acarreo de personas e incluso para esos motivos, denuncian, se utilizó la ambulancia municipal, en la que en otras ocasiones e incluso para traslados de emergencia se regatea su utilización a favor de la población.
Otro de los casos más delicados y donde varias personas fueron testigos, es en la retención por policías municipales de al menos diez representantes generales de partido y de la candidata independiente, que tenía como objetivo coordinar a los representantes de partido en las casillas.
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Resulta que los detuvieron durante la jornada y de esto se advirtió al titular de la Fiscalía general en esa localidad, quien los esperaba para analizar su situación jurídica, pero se alegó entonces por parte de la Policía municipal que eran acusados de faltas administrativas y por lo tanto quedarían a disposición del juez municipal y no del agente del Ministerio Público.
El caso es que el citado juez municipal estaba involucrado en la jornada electoral, nunca llegó y las personas se pasaron casi todo el día en la cárcel municipal.
Estos y otros hechos tendrán que demostrar los partidos de oposición y ciudadanos, que representan el 50% de la votación y que pretenden impugnar la elección.