Vecinos afectados por el desalojo denominado Miramar Seguro, se manifestaron y clausuraron de manera simbólica el edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la falta de apoyo, sin embargo tras ese acto fueron recibidos por personal del organismo.
El pasado 27 de abril fueron demolidas 50 viviendas de la colonia La Floresta, debido a su cercanía con el cauce del Arroyo Seco que el año pasado causó una gran inundación.
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"Vinimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque han hecho caso omiso a las quejas que pusimos el día 29 de abril y el 3 de mayo, que fueron alrededor de 30 quejas en colectivo por la violación a los derechos humanos que tuvimos por parte de los tres niveles de gobierno", señaló Jesús Arturo López Ramírez, representante de los afectados.
Tal desalojo se realizó bajo el argumento de que las fincas se encontraban en zona Federal y con el riesgo de que se volviera a inundar, por lo que su integridad estaba riesgo a decir de las autoridades, que ni siquiera les dieron tiempo de sacar todas sus cosas.
"Creemos que hay un trasfondo, porque nosotros estábamos en una zona alta donde no teníamos peligro, ni de inundación, ni de derrumbe ni nada por el estilo. Entonces a pesar de que nos demolieron las casas, Miramar sigue con problemas de inundación".
Para los afectados el desalojo tenía como objetivo retirarlos para edificar un coto al cual le afectaban las viviendas que después fueron demolidas.
"Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta de parte de los tres niveles de gobierno. Solamente por parte de Bienestar del Gobierno Federal, nos agregaron a un apoyo social de vivienda para tratar de reubicarnos, pero hasta ahorita no hay terrenos, no hay donde reubicarnos", comentó López Ramírez.
Son entre 70 y 100 familias las afectadas por la demolición de sus viviendas. Aseguran que las autoridades les comentan que no han encontrado un lugar cercano para reubicarlos.
El próximo 29 de septiembre un juez emitirá su resolución sobre un amparo sobre el desalojo, por lo que los afectados confían en que el juzgador actuará de manera imparcial. En este piden la restitución de los daños causados por las violaciones a los derechos humanos y a la vivienda.
Tras la protesta en el exterior de la CEDHJ, la titular de la Cuarta Visitaduría, Katya Marisol Rico Espinoza, explicó a los manifestantes los avances de su caso y expuso que algunas quejas presentadas fueron derivadas a la CNDH, y otras quedaron radicadas en la defensoría estatal.
En la reunión también se abrió la oportunidad a un diálogo con sus representantes y la Cuarta Visitadora, en el que se agotaron dudas y surgieron propuestas para extender la comunicación.