En lo que va del presente proceso electoral se han presentado 30 quejas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, señaló el titular Ricardo Suro Gutiérrez, quien dijo que también tienen especial atención en los proveedores de servicios para ver qué estén registrados ante el Instituto Nacional Electoral.

“Ya tenemos algunas denuncias (alrededor de 30), sobre todo las más recientes tienen que ver con presión a subordinados en algunos municipios para participar en campañas políticas y tendremos que revisar si es un tema laboral o si es un tema de presión política, pero algunos se han justificado en los términos del contrato” laboral, explicó.

Por el momento, sólo se realizan las investigaciones correspondientes con las entrevistas a diversos trabajadores de los municipios involucrados para saber si van por propia voluntad, si son presionados o es parte de sus contratos.

En el caso de los proveedores de servicios y publicidad para los candidatos pondrán atención en que todos los que se reporten a las autoridades, estén debidamente registrados ante el INE para efectos de una correcta fiscalización de los recursos públicos de los partidos.

“En Jalisco detectamos un proveedor que no estaba registrado en el padrón de proveedores y estaba prestando el servicio de publicidad para uno de los candidatos. Lo que vemos es que los proveedores sí estén registrados porque tiene que ver con el tema de la fiscalización y si no están registrados se evade esta fiscalización y por eso es un delito electoral”, dijo.

En esta tarea el Personal del INE realiza un monitoreo de los actos de campaña y podrá determinar si los proveedores no están registrados, si es así, la Fiscalía podrá presentar intervenir porque ya se considera un delito electoral

Las sanciones pueden ir de seis mese a tres años de prisión pero en el caso de los delitos del tipo electoral incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos por varios años y puede ser más severa que ni la multa.