Las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) competen y afectan a todo los jaliscienses, de ahí la importancia de una reforma que garantice la viabilidad de este sistema de protección social, con finanzas sanas, que se sacuda la pesada de nómina del instituto y en cambio se respeten los derechos de los trabajadores.
El secretario de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (FESIJAL), Juan José Hernández, dejó en claro “si la reforma no es justa, no va”. Sorprendido aún por la reacción del Congreso del Estado y del diputado Gerardo Quirino, donde se cercó el edificio y luego a él lo acusaron de mentiroso, presentó dos valoraciones actuariales de IPEJAL, que el organismo mandó a realizar con dos empresas donde coinciden los apellidos de sus dueños y se presume son familiares, pero se contradicen en resultados.
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La sede del evento fue el auditorio de la biblioteca “Juan José Arreola” y fue inaugurado por su director y el ex rector de la UdeG, J. Trino Padilla López, quien destacó que los trabajadores con trayectoria laboral se han ganado el derecho de tener un futuro razonablemente seguro “con una pensión para la cuál aportaron durante toda su vida laboral, pero que en este momento se ha visto mermada dados los usos poco claros, por decir lo menos, y poco éticos, por decir lo más, de los fondos que son en realidad de los trabajadores y que con frecuencia han sido usados para aventuras, empresas, negocios privados, desde el sector público y que han llegado a poner en grave riesgo los sistemas pensionarios”.
Recordó que la Universidad de Guadalajara hace casi 20 años impulsó una reforma a fondo del sistema de pensiones. Él fue artífice y recordó “había una serie de vicios derivados de una legislación demasiada laxa, que permitía que un trabajador que hubiera cotizado normalmente el sistema de pensiones durante más de 20 años, pero que en el último tramo fuera nombrado como directivo, se jubilara a los 30 años de antigüedad laboral con el salario de directivo más el salario de plaza de base, que tuviera en ese momento. No hay sistema de pensiones que aguante una jubilación de esa naturaleza”.
El director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, Omar Avilés, por su parte cuestionó la salida que se está promoviendo para rescatar el sistema de pensiones, como es aumentar las aportaciones a los trabajadores del Estado, “lo cuál resulta insostenible para la inmensa mayoría de los trabajadores, pero desde luego no así para unos cuantos privilegiados”. Enfatizó que es un tema que afecta directamente a 123 mil trabajadores y sus familias, pero “es un tema de seguridad social que nos compete a todos los ciudadanos, puesto que la aplicación de esta reforma como se plantea, traería consigo una crisis social realmente sin precedentes para el Estado de Jalisco”.
Gabriel Torres, director de Canal 44, comentó que desde 2009, cuando la primer reforma que quitó los candados de vigilancia, advirtió en sus columnas de los riesgos, “porque el fondo de pensiones garantiza un derecho social; no es una caja popular, no es un banco, no es un fondo dedicado al agiotismo, no tiene como propósito invertirse en la bolsa de valores o arriesgarse en proyectos de inversiones”. Destacó que el fondo garantiza el derecho a la pensión y a la jubilación. Cuestionó entonces el hecho de que se haya sacado el dinero del fondo de pensiones para construir las Villas Panamericanas y es que aseguró que no había ningún banco o institución que prestara dinero para una obra ilegal, sin licencia de construcción, sin estudio de impacto ambiental y que violaba todos los planes de desarrollo, pero además cualquiera que preste dinero se asegura de la viabilidad y el retorno de la inversión, pero hoy sigue abandonado y están muy lejos de recuperar el dinero”. Hoy la historia se repite con la construcción de la Ciudad de Justicia Laboral.
Juan José Hernández, secretario de FESIJAL, recordó que en 2009 ya se les aumentaron las aportaciones de los trabajadores, del 5 al 11.5 por ciento, es decir, más del 100 por ciento, y ahora esa misma empresa, mismo logotipo, pero con razón social diferente, propone en un estudio actuarial de agosto del 2022 que en el caso de 162 mil 845 trabajadores -cuando son 123 mil 227- ya solo le dan vida a al instituto hasta el 2033 y proponen un aumento de las aportaciones en un 24 por ciento más y modificar el diseño de las prestaciones, como pudiera ser laborar hasta los 65 años los 67 mil que ingresaron conforme a la “vieja ley”.
Mostró un documento del 11 de agosto del 2010 que las finanzas de la institución seguían siendo sanas y su vida estaba garantizada por 100 años. Aseguró que como trabajadores están presentando documentos y datos duros, “son sus datos y son sus números; en cambio ellos nos insultan y nos amenazan”.
La dirigente Alicia Albarrán, de la Secretaría General del Sindicato Democrático de la Secretaría General de Gobierno, por su parte comentó que a las mesas de trabajo se ha convocado a ciertos líderes y a otros, incluyendo a ella, no. “Con todo respeto les digo que unos cuantos líderes sindicales no representan el total de los trabajadores del Estado de Jalisco, no se equivoquen diputado Quirino, no se equivoque señor Héctor Pizano, los trabajadores somos todos, no unos cuantos representantes vendidos”.
