TEPIC, Nayarit (OEM-Inormex).- Ante la noticia de que al presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, el Tribunal Colegiado de Distrito, ordenó la separación del cargo, al igual que la de su Síndico, Secretario y Tesorero por el incumplimiento del pago de la renta del Conjunto administrativo conocido como “la Presidencia de Cartón”, este miércoles en conferencia de prensa, el mismo Alcalde señaló que continuará en funciones y se tomarán todas las medidas jurídicas, para evitar la erogación total del arrendamiento a la empresa , que asciende actualmente a 180 millones de pesos en el que se incluyen los intereses.

El Edil, explicó que en primera, no es un ordenamiento lo de la separación, sino un proyecto de sentencia que se está enviando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo tanto, ahí demostrarán que la ejecución del proyecto de inversión antes señalado, el cual se aprobó desde el 2011 bajo el esquema asociación público-privada y que establecía que quien ganara el proyecto, construiría el edificio, mismos que sería rentado por el Ayuntamiento, desde el principio estuvo plagada de anomalías.

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La licitación que se llevó a cabo tres veces, terminó ganándolo en 2014 el “Grupo Minero IMEX”, mismo con el que se celebró un convenio en el que se comprometían a pagarle mensualmente 1 millón 734 mil pesos, durante 25 años, lo que da un total en arrendamiento de más de 520 millones de pesos por dicho periodo.

A un año de haber recibido el edificio, en 20016, la CFE cortó el suministro de energía porque el cableado eléctrico no cumplía con las normas de calidad y seguridad, además se detectó la falta de drenaje y alcantarillado, por este motivo las instalaciones fueron desocupadas y jamás se regresó a estas.

Como si lo anterior no fuera suficiente, explicó que estas oficinas están sentadas en un predio que es ejidal, de uso agrícola y que no es propiedad del municipio, ni si quiera de las personas que ahora están cobrando la renta.

Por los motivos antes expuestos, advirtió, para concluir, que no permitirán que los actos de corrupción cometidos en la administración de Rafael Cervantes y de José Gómez, que este último no quiso cancelar el contrato de arrendamiento, sean pagados por los badebadenses, afirmando que darán la lucha que considera, es justa, pues el recurso que ahora se debe se requiere en el Ayuntamiento, para la mejora de servicios públicos.