En Jalisco el reclamo de justicia sigue latente, la violencia hacia las mujeres escala a grados extremos. Al día en el primer mes de 2024 se abrieron 52 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, abuso sexual y violación, a la semana se registraron cinco homicidios dolosos. El mes de febrero cerró con tres feminicidios. Estos casos se pudieron prevenir de mantener un seguimiento en las instancias de justicia, sin embargo, pedir auxilio en los espacios de impartición de justicia se vuelve un proceso largo y tortuoso que agrava la salud física y mental con el miedo a perder la vida.
Si denunciar la violencia familiar en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) resulta difícil para quienes son trabajadoras públicas y de municipios víctimas de hostigamiento, acoso sexual y laboral por un servidor público jerárquico la situación se agudiza.
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Mara, Silvia, Gynna y Yara narran los episodios de violencia institucional y de revictimización que sufrieron en el CJM, ubicado en Guadalajara y en su área laboral al momento de denunciar los delitos contra la libertad y seguridad sexual y en contra de la dignidad de las personas. Sus carpetas de investigación fueron archivadas por denunciar a un funcionario público. Ellas no se conocían, son abogadas y coinciden en que la batalla ha sido difícil sin tener la protección del Estado. Forman parte del Colectivo Fortaleza para evidenciar el largo proceso a seguir y lograr que el rostro de la justicia esté a su favor.
“Hacen batallar mucho a las mujeres que van a denunciar, algunas tienen que regresar muchas veces porque no nos dejan entrar con nuestros hijos. Los ministerios públicos tienen tanta falta de empatía con las mujeres que hemos sido violentadas, incluso han llegado a decirnos que leamos el código penal y si encontramos donde configura mi situación con un delito, nos dicen ‘ya vienes y nos dices’”, denunció Mara Guzmán, cofundadora del colectivo.
Mara, ella sufrió hostigamiento laboral por quien era el segundo visitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDH), Felipe Luis Navarro; para realizar la denuncia en el Centro de Justicia tardó doce horas, pasó cada uno de los filtros, pero aun así no prosperó a su favor.
“Cuando llegas con trabajo social ella decide si entra o no; así sigues el filtro al final cuando te toman la denuncia te pasa con los policías investigadores es donde más se tarda, te tienen que entregar un oficio para que vayas a ciencias forenses y si tienes pruebas en tu celular tienen que bajarlas. Es una burocracia terrible”.
Para Mara estos espacios no cumplen con su objetivo: “En primer lugar deben tener personal capacitado con mucha empatía hacia las mujeres. Quienes denuncian violencia familiar llegan golpeadas y con moretones y el ministerio público tiene una falta de empatía total, creo que es falta de capacitación”.
Mara denunció en junio del 2021, promovió amparos, su caso fue archivado y la resolución final fue “el no ejercicio de la acción penal” pese a las pruebas y con un dictamen psicológico de que padecía estrés postraumático, depresión y estrés laboral. Lo atribuye a que la palanca de su violentador fue su abogada, quien trabajó 30 años en la Fiscalía y fue coordinadora en la unidad donde presenté mi denuncia”.
Silvia es funcionaria pública en Zapotlán El Grande. En mayo de 2022 denunció hostigamiento y acoso sexual por parte de quien fuera el jefe de mantenimiento urbano; ella acudió a órganos internos del Ayuntamiento, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a Derechos Humanos y a la Fiscalía de Jalisco.
“Decido meter una denuncia penal en enero del 2023, se judicializó y la contraloría municipal acaba de fallar, me notificaron hace quince días de que sí encontraron un delito. En Fiscalía metí la solicitud para la segunda audiencia, pero no he tenido respuesta”.
“He tenido ansiedad, los acosos laborales no han parado, a mi acosador ya no lo veo". No acudió al Centro de Justicia para las Mujeres por no haber uno en esa región.
Georgina Argüello en dos ocasiones acudió al Centro de Justicia a denunciar al titular de la Secretaría del Trabajo en Jalisco Marco Valerio por acoso sexual y hostigamiento laboral, aunque se aprobó en el Congreso un juicio político y denunció ante la Fiscalía su caso fue archivado.
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“No encontramos justicia, quienes nos deben proteger están al servicio de los agresores. El juicio político no ha avanzado, lo admitieron en el Congreso pero nunca ha sido sacado al pleno ni votado porque la mayoría es MC".
Ella padeció amenazas por medio de las redes sociales y de compañeros de trabajo para que desistiera de la denuncia. Georgina presentó un amparo, también está en cajón: “Ahorita estoy en un área de mi trabajo pero castigada, soy abogada y estoy en el almacén de la papelería".
Yara Fernández es subdirectora de la Secundaria General Mixta 56 Juana de Asbaje de la Secretaría de Educación, en tres ocasiones le negaron en el Centro de Justicia para las Mujeres tomarle la denuncia de hostigamiento y violencia laboral y sexual del director del plantel Manuel Maciel Saldierna con el argumento de que lo que sufre no es violencia.
“Lo estoy acusando de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual y denigración de la persona, esos son los delitos que encuadran en el centro de justicia. Yo he estado muchas horas, desde las cinco de la tarde hasta las cuatro de la mañana y donde se traba todo es en el área jurídica y en el ministerio público y me dicen que no es violencia porque no iba golpeada”.
Sigue viviendo hostigamiento laboral por el directivo y compañeros de trabajo. A nueve años de su creación el CJM y desde el primer día rebasó las expectativas, está sobresaturado además la falta capacitación del personal con perspectiva de género y de los tipos de violencia impide el acceso a la justicia.