Cada minuto una mujer demanda al padre de sus hijas e hijos para una pensión alimentaria, sin embargo el incumplimiento de este deber y obligación tipificada como un delito sigue siendo una de las principales violaciones a este derecho en Jalisco. En la entidad desde hace tres años se cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos el cual está a cargo del Registro Civil de Jalisco, mismo que debe emitir un certificado al Registro Público de la Propiedad para que el deudor no realice ningún trámite al respecto.
Este registro es de procedencia privada debido a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes, mientras que activistas se pronuncian porque sea público. En la entidad se estima que son más de 478 mil 662 hombres que abandonaron a sus hijas e hijos e incumplen con los deberes alimentarios con la obligación de asistencia familiar y de brindar una protección; en este tiempo a pesar de las disposiciones legales no hay sanciones, penalidades o que estén en dicho Registro e incluso se desconoce la operatividad de este, esto de acuerdo a colectivos en defensa de mujeres que no reciben manutención para sus hijos e hijas.
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Aunque este tipo de delito se persigue por querella, la justicia estatal mantiene una omisión por cumplir con las normas, el Código Civil y leyes en la materia, denuncian las organizaciones civiles en pro de los derechos humanos de la familia. Las madres de familia autónomas, nombradas así para cambiar el concepto de madres solteras, mantienen una lucha constante para lograr proteger y garantizar este bien jurídico de las niñas, niños y adolescentes.
En el tendedero de deudores alimentarios los nombres de Jonathan “N”, Fernando "M", Juan "N", Arquitecto Arturo "N" y Jorge Arturo "Z", fueron denunciados y evidenciados que de manera consecutiva violan los derechos de sus progenitores hijos y de la justicia del Estado de Jalisco. Algunos de ellos son servidores públicos que trabajan en los poderes estatales o de los gobiernos municipales y tienen un expediente abierto ante los juzgados de familia como deudores alimentarios y nadie los persigue y/u obliga a cumplir.
En el 2022 fueron denunciados 80 papás por incumplir con la disposición legales sin embargo a decir de las madres de familia es fecha que no reciben la pensión alimentaria sin que el Estado proteja y garantice los estatutos que marca la Ley estatal de las Niñas, Niños y adolescentes.
En entrevista con EL OCCIDENTAL Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina para sancionar a deudores alimentarios y del Frente Nacional de Mujeres contra deudores alimentarios, dijo que en la entidad hay más de 250 mil padres de familia ausentes y que abandonaron a sus familias. “Hombres padres ausentes que deciden de manera consciente, propia, voluntaria, dejar de contribuir y ejercer s responsabilidad paternal”. Aunque el marco jurídico Jalisco establece penalidades a los deudores alimentarios sucede todo lo contrario, denuncia Diana Luz Vázquez: “La ley los privilegia, ellos pueden denunciar a su trabajo, cambiar de domicilio, no se presentan ni a las audiencias y al final no pasa nada, se declaran insolventes”.
Mientras esto sucede al momento de llevar un proceso en los juzgados familiares, en el hogar las madres de familias buscan un trabajo o tienen un trabajo para dar alimento, vestido, salud, educación y recreación a sus hijas e hijos; una violencia histórica silenciosa.
Durante 22 años Esther Ramírez ha sido mamá soltera o mamá autónoma; ha cuidado de su hijo quien hoy estudia una licenciatura. El ir y venir a los juzgados fue una odisea, primero para poder divorciarse y después para obtener una pensión alimenticia.
Para el divorcio, después de cinco años de separación, comentó: “Ya ni contacto tenía con el papá de mi hijo y el juez nos piden que nos reconciliemos por el bien de nuestro hijo, fue cuando le dije que eso es inapropiado ya que teníamos más de cinco años sin vivir bajo el mismo techo”.
Y la segunda fue para que su hijo recibiera alimentos por parte de su progenitor: “No quería dar, de manera directa dijo que no le correspondía que solo era mi hijo y eso me dolió mucho; decidí no pedirle nada, pero al final de cuentas comenzó a dar los 800 pesos cada mes, eso ni ajustaba para nada; con los años pasó a mil 200 pesos y luego a cuatro mil pesos”.
Un recurso económico esporádico hasta que de nuevo dejó de otorgar el recurso.
“Tenía que hablarle para el depósito del recurso, eso era fastidioso para mí por lo que dejé de hablarle”, recuerda Esther a cuatro años de que no recibe ningún apoyo.
Esther tiene dos décadas de haberse divorciado. Desde que nació Enrique se ha hecho cargo de su protección integral hasta la fecha. El padre de familia no se comunica nunca ni habla con su hijo “Lo abandonó”, subrayó Esther.
Deudores alimentarios
El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil la inscripción en el Registro de Deudores y al Registro Público de la Propiedad y Colegio de Notarios del Estado.
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