El Senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños presentó una iniciativa para que las instituciones no utilicen el dinero de ahorro de los trabajadores en inversiones y garantizar que estos obtengan una mejor jubilación o pensión por sus años de labor.
Carlos Lomeli propone que las autoridades reconozcan como derecho laboral la portabilidad de la seguridad social entre los sistemas existentes, lo que significa que un trabajador pueda acumular sus años y semanas de cotización, así como sus aportaciones en el sistema que mejor le convenga y que les garantice una jubilación o pensión por vejez.
La propuesta fue presentada ante el Pleno del Senado de la República e incluye una prohibición dirigida a las instituciones que administran los sistemas de pensiones en el país, ya que en ocasiones utilizan los ahorros de los trabajadores en inversiones especulativas, desarrollos o en obligaciones gubernamentales.
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En respuesta a esta situación, el Senador de Jalisco propuso reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la portabilidad de la seguridad social como un derecho y prohibir las inversiones de alto riesgo que comprometan los recursos de los trabajadores.
En su exposición de motivos, el Senador Carlos Lomelí señaló que de acuerdo a la encuesta del INEGI de 2022, 65 millones de personas se encontraban económicamente activas en el país, pero al segundo trimestre de ese año se reportó que casi 18 millones de personas, mayores de 60 años, por no contar con la portabilidad, no recibían pensión por parte del IMSS, ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social.
A la fecha, dijo, la única ley que reconoce la portabilidad como derecho es la del ISSSTE, sin embargo para llevarse a cabo debe de existir un convenio autorizado por su Junta de Gobierno y la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, recordó los casos que se han dado en Jalisco, como el desarrollo de Chalacatepec, en Tomatlán, en donde se destinaron 75 millones de dólares del Instituto de Pensiones, o la construcción de la Villa Panamericana, en Zapopan, donde se invirtieron 600 millones de pesos. Ambos casos se registraron en la administración del ex Gobernador panista Emilio González Márquez.
Para la siguiente administración de Jorge Aristóteles Sandoval, 603 millones de pesos fueron tomados de esa misma institución para comprar tres bonos de deuda a la empresa española Abengoa, que actualmente cuesta cuatro pesos por cada bono.
Finalmente, en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, emanado de Movimiento Ciudadano y que está por concluir, a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se destinaron 295 millones de pesos para la construcción de la Ciudad Judicial y además se aportó un terreno con valor a los 100 millones de pesos para el mismo fin, todo en detrimento de los ahorros de las y los trabajadores jaliscienses.
En total, concluyó el Senador Carlos Lomelí, el perjuicio económico para el Instituto de Pensiones de Jalisco y los trabajadores es de 3,098 millones de pesos. La iniciativa fue turnada a las comisiones respectivas del Senado para su análisis y dictaminación.
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