Por negarles el acceso a la justicia tras denunciar el delito de acoso laboral y sexual cometido por dependencia del ámbito público y privado, y una universidad, seis mujeres profesionistas unen sus voces y cierran filas.
Además, han sido víctimas directas de la violencia institucional, sus denuncias han sido presentadas en casi una docena de organismos encargados de la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres de Jalisco, quienes le han negado el acceso a una vida libre sin violencia en su ámbito laboral.
Las denuncias se presentaron en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidad de Guadalajara (UdeG), Hospital Civil de Guadalajara (HCG), Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y de un medio de comunicación. Ellas padecen trastornos psicológicos y emocionales por la serie de actos violentos cometidos por sus jefes y compañeros de trabajo en estas instancias.
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Las profesionistas son acompañadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres, Cladem, en la asesoría y defensa de sus derechos y al no tener una respuesta a sus denuncias lo hacen público.
Las seis profesionistas narraron el calvario por el que han padecido para acceder a la justicia, la falta de protocolos para prevenir el hostigamiento laboral y sexual por parte de los jefes y de compañeros de trabajo al grado que su salud mental y física, en algunos casos se ha deteriorado.
La abogada Andrea Guzmán trabaja en la CEDH tras denunciar y presentar un amparo, la dejan sin actividad laboral, y hoy que hace pública su denuncia, el organismo la cita para conciliar: “me está citando para el miércoles para tratar este asunto de hostigamiento”.
La académica de la UdeG, Monserrat Barrón, sufrió hostigamiento por parte de un compañero, presentó una queja en la Defensoría de Derechos Humanos de la Casa de Estudios sin tener respuesta alguna, argumentando no tener la competencia de un caso entre pares y no he obtenido ninguna respuesta”.
La médica Araceli Arreola, labora en la clínica del Dolor del HCG “Fray Antonio Alcalde”, sufrió agresión verbal y física de quien fuera el jefe del servicio Gerardo Salvador, fue amenazada de muerte, y removida de su área de adscripción: ”Las autoridades hospitalarias cooperan por el pacto patriarcal que impera en el hospital civil de Guadalajara, de esta situación ha mermado mi salud”.
De la Secretaría de Salud, del hospital materno San Miguel del Alto, las doctoras Natalia Ortiz y Guadalupe López denunciaron el delito de acoso laboral por parte del directo Mario Cuellar, ellas pidieron al gobernador Enrique Alfaro la destitución del funcionario.
Mientras que, en los medios de comunicación, María Ramírez laboró en Canal 6 y Milenio sufrió hostigamiento sexual, y laboral, y aunque luchó por ganarse el respeto y credibilidad, fue despedida. Presentó una denuncia, pero no se ha judicializado.
Las seis profesionales han acudido a diversas instancias, entre estas a la Comisión nacional y estatal de Derechos Humanos, al Centro de Justicia para la Mujeres, a la Fiscalía del Estado, a la Contraloría del Estado, a la defensoría de la UdeG, a la policía municipal y al ministerio público sin que a la fecha haya justicia en cada uno de los casos.
