Integrantes de de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. denunciaron un atentado ocurrido la noche del jueves en sus instalaciones de la calle Pavo.
Por fortuna, los integrantes ya no se encontraban presentes y en cambio el inmueble cerrado a cinco llaves, sufrió las consecuencias. Uno de ellos fue detenido y entregado a la policía de Guadalajara.
El responsable: Un joven que portaba tanto un martillo como una navaja. Otra más permaneció todo el tiempo fuera del despacho.
De acuerdo a la denuncia los hechos ocurrieron ya entrada la noche en uno de los despachos del piso octavo del Condominio "El Carmen".
Los dos sujetos entraron al inmueble y mientras uno permanecía en el exterior, el otro, armado, penetró a las oficinas y comenzó a revisar en los cajones de los escritorios.
Fue justo en ese momento que un abogado vecino de despacho y amigo de los integrantes de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos, enfrentó a los intrusos, los desarmó y entregó a uno de ellos a la policía municipal de Guadalajara.
La Red comparte con el abogado Oscar González Luna Romero dichas oficinas. Su presidente Oscar González Garí en ese sentido destacó que “el allanamiento es un hecho grave que pone al descubierto la vulnerabilidad y el peligro con que laboramos los Defensores Civiles de los DH, y el desamparo en que nos mantiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que año con año sólo pide presupuesto para sí misma, y se olvida de sus pares defensoras”.
En un escrito signado por él y por el profesor J. Ángel Hernández Romero, Coordinador de Difusión de la Red, dicha organización lleva a cuestas desde su creación en marzo de 1993 dos casos emblemáticos de trascendencia para la Cultura de los DH en Jalisco: el conflicto territorial de Jalisco-Colima-Nahuas de Ayotitlán y el Caso 22 de Abril de 1992, teniendo bajo su resguardo importante documentación de carácter "confidencial" o "reservado".
"Es lógico que los intereses creados que anhelan mantener ambos casos en el olvido, se estén moviendo para detener su labor jurídica, y ampliar los plazos de la IMPUNIDAD en ambos casos”, expresa en el escrito.
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Terminan haciendo responsables de estos atentados presentes y futuros a nuestra ONG-DH, a las autoridades estatales y federales, a las que acusaron “buscan mantener en la impunidad ambos casos, y a la Defensoría Pública de los Derechos Humanos (CEDHJ, CDHEC y CNDH), que sólo trabaja para sí misma y ha desatendido la obligación de facilitarnos la labor humanitaria que también nosotros llevamos a cabo, para enaltecer la misma cultura, la de la Paz y los Derechos Humanos”.
Piden finalmente que se haga una investigación a fondo respecto a este hecho.
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