Secuestrada judicialmente la empresa Lechera Sello Rojo, denunciaron hermanos González Uyeda y sus abogados, señalando a sus hermanos Rubén Masayi, presidente del Consejo Coordinador de Jalisco, al ex Subsecretario de Gobernación Abraham Kunio y Hiroko González Uyeda.
El 29 de junio se da la posesión de la empresa mediante operativo policíaco con agentes de la Fiscalía Estatal, secretarios y actuarios del Juzgado séptimo y con la dirección de Abraham y Rubén, así como del abogado Virgilio del Rincón.
Exponen presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial, ya que el juez séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, dictó medidas cautelares a petición de Rubén Masayi para entregarle el control de la empresa (trasciende tiene un valor en el mercado del orden de los 15 mil millones de pesos) con 58 años de antigüedad, más de 5 mil empleados y es proveedora en un 8 por ciento de la industria nacional lechera.
El licenciado Patricio Fernández Cortina, representante jurídico de los 4 hermanos: Aida Araceli, Sergio Akira, Roberto Eiji y Alfredo Shigueru González Uyeda, que tienen el 66 por ciento de las acciones en conjunto, señaló :"Jalisco tiene un Poder Judicial absolutamente corrompido, jueces como el Juez Séptimo de lo Mercantil que dictan medidas cautelares o solicitud de dos accionistas para secuestrar la empresa, es una cosa que en cualquier lugar del mundo, en cualquier país democrático sería inaceptable, las medidas cautelares las pidieron dos accionistas de Sello Rojo, las pidió Rubén Masayi González Uyeda que dirige el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y su hermana Hilda Hiroko (que tienen el 25 por ciento de las acciones).”
Estas medidas cautelares "son ilegales, ningún juez puede tomar las atribuciones de los accionistas de una empresa", indicó.
Solicitan al Presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves y al Consejo de la judicatura tomen cartas en el asunto.
Las medidas cautelares mercantiles no tienen vigencia, las que sí, son las penales.
Denunció la intromisión de la Fiscalía General de la República en acción inaudita donde la FGR está diciéndoles a jueces de distrito que se abstengan de conocer el asunto, "deja de estar recibiendo demandas de amparo y mercantiles porque yo FGR estoy investigando este asunto".
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El Ministerio Público Federal dictó unas medidas distintas a las que el propio Código Federal infiere y las equiparó y moldeó a lo que el juez mercantil dio a Rubén Masayi para que tenga el control de la empresa. Situación que fue impugnada y en los próximos días tendrán resultados, indicó el licenciado Luis Campos Carredo.
Mayeli del Carmen González prima de los hermanos González Uyeda señala que el día que se dictan las medidas de protección penales, "ese mismo día mi primo Abraham (González Uyeda) buscó a mis padres (presentes en la rueda de prensa) para que le firmaran una asamblea , mis padres se niegan a firmar y ese mismo día les dictan proceso penal a mis padres y en horas son concedidas, añadiendo a mis padres en esta situación (el señor es mayor y se mueve en silla de ruedas".
Esta asignación que en su momento se le otorgó a Abraham González Uyeda para dirigir la empresa fue por el Consejo de Administración del que ellos formaban parte y que ahora se les despojó, sin embargo el ex diputado local en el 2015 dejó en picada a la empresa con reducción de las utilidades en el primer año del 50 por ciento y el último año hasta un 70 por ciento. En el 2018 le retiran la dirección y renuevan el Consejo de Administración ya que se detectan probables anomalías en el manejo.
Los hechos
De forma inusitada y en un lapso de 5 días tras solicitar las medidas cautelares, el juez séptimo de lo Mercantil se las otorga al Presidente del CCIJ y le da el control de la empresa pasando sobre el Consejo de Administración.
- El 24 de junio solicitan las medidas cautelares, el juez Séptimo de lo Mercantil la concede y fija fianza de 1 millón de pesos al grupo minoritario y 400 millones de pesos al grupo mayoritario (hermanos afectados).
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